La mínima escala para el tráfico de drogas se castigará con 1 a 3 años de privación de libertad; en la actualidad la sanción es de 2 a 6 meses. Mientras que la mediana escala pasará a ser penalizada con 3 a 5 años de privación de libertad (actualmente es sancionada con 1 a 3 años).

Los rangos constan en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y serán modificados como parte de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, aprobada el jueves por la Asamblea Nacional.

Esta resolución se da luego de que en septiembre de 2015 se modificara de forma más estricta la tabla con la que se sanciona el tráfico de las sustancias, en la que constan 4 escalas (mínima, mediana, alta y gran) dependiendo de la cantidad hallada.

Edmundo Moncayo, director Nacional de Antinarcóticos, indicó que los anteriores rangos, en la mínima escala, no permitían la prisión preventiva. “Los microtraficantes salían y adoptaban nuevas medidas de seguridad para no ser aprehendidos por la Policía. Hoy, con una tabla mucho más reducida y con los cambios en el COIP, tendremos las medidas coercitivas que permitirán, aunque no es la única solución, disminuir el consumo de drogas”.

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, hasta el 25 de septiembre de 2015 se detuvo a 6.281 involucrados en microtráfico, de los cuales 644 fueron menores. Además, se decomisaron más de 11 toneladas de drogas destinadas al consumo interno.

Moncayo destacó que de los capturados, alrededor del 10% ya tenían antecedentes penales por el mismo delito. “La Policía Antinarcóticos está enfocada en los verbos vender, distribuir, entre otros que nunca son consumir. Existen muchos elementos por analizar; por ejemplo, ¿por qué una persona permanece en un lugar o va a estar parado en una esquina durante tanto tiempo? -cuestionó el comandante y contestó- Porque sabe que sus clientes van a ir a ese lugar”.

Moncayo añadió que hay cámaras que están al servicio de la seguridad ciudadana, en las que pueden observarse comportamientos como intercambio de manos con varios transeúntes o conductores.

“Así sea que una persona tenga poca cantidad de droga, si se la evidencia vendiendo la sustancia afuera de un colegio, tenemos que actuar. El microtraficante trata de tener cantidades mínimas para decir que es consumidor”, aclaró.

Freddy Ramos, subdirector Nacional Antinarcóticos, indicó que la labor de la Policía se centra en investigar la actividad de la persona para determinar si está vendiendo o negociando alcaloides, independientemente de la cantidad. Las circunstancias y otros datos son precisados en los partes que se elaboran tras la detención de un sospechoso.

“Nosotros no somos deliberantes. Si estamos en la calle y sorprendemos a alguien con estupefacientes, primero determinamos si su actividad era la de vendedor y luego se lo pone a órdenes de la autoridad competente”, explicó.

José Luis Erazo, jefe de la Unidad contra el Tráfico para Consumo Interno, explicó que los agentes emplean estrategias que incluyen a agentes encubiertos y tecnología que permite el análisis de la información que está dispersa y que es recolectada por fuentes como las denuncias al 1800-Delito (335486) o recibida en las UPC.

“Esto nos ayuda a determinar dónde se necesita una intervención inmediata. Una vez que evidenciamos todos los elementos de convicción hacemos un informe para que sean los fiscales y jueces los que determinen si la persona es expendedor y consumidor; pues hay casos en que consumidores también son expendedores. Si encontramos a una persona con droga, por ejemplo en un bus, igual debemos llevarla ante las autoridades porque en ese momento no podemos determinar el peso”, sostuvo.

El presidente de la República, Rafael Correa, agradeció ayer a la Asamblea por la aprobación de la Ley Antidrogas y las reformas al COIP.

Además dijo que al pasar el Consep como Secretaría Técnica a la Presidencia, tendremos “mayor eficiencia en la lucha contra las drogas”, acotó. En cuanto al incremento de penas por tráfico a mínimo un año, indicó el Mandatario que esto permitirá a jueces ordenar (no siempre) prisión preventiva y evitar el microtráfico.

Galo Chiriboga, fiscal General del Estado, durante una entrevista en radio Telerama aseveró que “la aprobación de esta ley es parte de la solución, pero no desaparecerá el tráfico de drogas. En Ecuador se juzga al tráfico y no al consumo de drogas”, sostuvo.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, reiteró que “una cosa es el consumo y otra el microtráfico. El consumo no está penalizado, que eso quede claro. La sola presencia de la sustancia no implica el cometimiento del delito. Fiscales y policías deben probar que se estaba traficando”. (I)