El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió imponer multas económicas a quienes hayan usado inadecuadamente el 9-1-1 durante el tiempo que duró el estado de excepción por la emergencia sanitaria.

Así lo informó este miércoles, las autoridades de la institución, quienes señalaron que a lo largo de este período, el ECU 911 identificó 1'497.387 registros de mal uso del servicio.

La magnitud de esta irresponsabilidad si se calculara en forma secuencial hubiera significado cerrar los centros ECU 911 durante 50 días, señaló Juan Zapata, director del ECU911.

En una rueda de prensa, ofrecida en las instalaciones de Quito, las autoridades explicaron que el uso indebido de la línea única para emergencias causa encolamiento de llamadas, entorpece la atención de incidentes reales, desperdicia logística y tiempo para la asistencia ciudadana, obstaculiza la labor de salvar vidas. Además, no permite que las unidades de las entidades articuladas se movilicen de forma oportuna e imposibilita la total disponibilidad de los recursos de socorro, situación que fue más aguda durante la crisis sanitaria.

Las sanciones económicas se aplicarán de la siguiente manera: la primera vez, se sancionará con $ 100; en la segunda ocasión, se cobrarán $ 400 por la reincidencia; la tercera vez, la multa será de $ 100 (segunda infracción); la cuarta vez se cobrarán $ 400 (segunda reincidencia).

La máxima sanción equivaldría a $ 1.000 (dos infracciones y dos reincidencias), se establece este sistema porque una sola persona de Quito, desde el número 099517230X, realizó 1.236 llamadas (con un promedio de 20 comunicaciones diarias) de mal uso y el valor que le correspondería con otro mecanismo de multas sería impagable para este ciudadano: USD 309.000.

Las consecuencias en números
Esta problemática ha afectado la operatividad del sistema ecuatoriano de emergencias en $ 3.833.310. El costo de una llamada indebida —que dura en promedio 1 minuto con 50 segundos— es de $ 2,56.

En esta estimación se consideran aspectos de logística y tecnología que se deprecia, costos productivos y no productivos, devaluación de mobiliario y equipos, servicios básicos y telecomunicaciones que los asume el ECU 911, pero más que el prejuicio económico lo que interesa es que el servicio del 9-1-1 esté 100% disponible para emergencias.

Durante el confinamiento y estado de excepción, este uso indebido afectó a la gente que sí requería ayuda inmediata. La utilización inadecuada es un problema crónico y difícil de solucionar por la falta de solidaridad y ausencia de corresponsabilidad ciudadana.

Con las multas canceladas, la institución tiene proyectada una recaudación de $ 223.188.200 por multas de mal uso del 911 realizadas desde 790.655 líneas telefónicas.

Sin embargo, la finalidad principal no radica en el aspecto económico, sino que este uso inadecuado genera desperdicio de tiempo para las personas que sí necesitan los servicios de emergencia de manera urgente. (I)