Con el objetivo de evitar la violencia generada en las urbes por las organizaciones ilícitas  de comercialización de droga, a través del denominado microtráfico, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) mantiene la postura de que el Estado debe regular la venta y consumo de alcaloides. O al menos así lo sostiene el especialista de esa dependencia oficial, Jorge Marambio.

El funcionario, quien es parte de la Dirección Nacional de Control de la Demanda, explica que la nueva política no es estigmatizar y reprimir a los consumidores como delincuentes, debido, simplemente, a que eso  no ha brindado resultados.

Como paso previo a cualquier plan de  legalización debe   iniciarse el debate
en toda la sociedadEn la reunión informativa sobre el fenómeno de las drogas, que se efectuó el pasado 17 de mayo, Marambio aseveró que en países como Portugal y República Checa el consumo disminuyó con la regularización, que no es igual a la legalización, y alertó que aquello también permitirá que las personas que consumen drogas como la marihuana, por ejemplo,  tengan acceso a una de buena calidad y no repercuta en su salud.

Por su parte, Jimena Fernández, funcionaria de Prevención del Consep en el Austro, precisa que la Constitución despenalizó el consumo de drogas, según  lo establece el artículo 364, y recuerda que ningún consumidor debe ser encarcelado, para lo cual es necesario precisar en el nuevo Código Integral Penal qué cantidad se considera para el consumo y la venta.  

Marambio sostiene que el Estado debe asignar normas para el consumo de las sustancias, como lo hizo con el alcohol, que es la droga -líquida- más usada y que provoca más problemas, a pesar de que es aceptada socialmente. Finalmente puntualiza que el objetivo no es promover el uso de las drogas, cuyo consumo se inició con la aparición del hombre.

DATOS

El artículo 364 de la Constitución Política del Estado señala textualmente: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos”.   

Señala, además que en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán los derechos de los consumidores.

Según lo aprobado en sesión  del Consejo Directivo del Consejo de Sustancias Estupefacientes (Consep), de manera unánime, las dosis máximas de consumo, tal como lo propuso el Ejecutivo a la Asamblea Nacional en octubre de 2011, serían de:  marihuana o hachís, la droga más consumida según las últimas encuestas del Consep, 10 gramos;  opio, hasta 4 gramos;  diacetilmorfina o heroína, hasta 100 miligramos; cocaína, hasta 5 gramos.

También la lisergida (LSD) tiene una dosis máxima de  hasta 0.020 miligramos;  metilendioxianfetamina (MDA) / dl-34 - metilendioxi - dimetilfeniletialmina (MDMA) / Metanfetamina hasta 80 miligramos; polvo, granulado o cristal (tabletas cápsulas), o en unidad, 400 miligramos.
Por su parte, el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, manifestó el miércoles en Quito, en un foro sobre Derecho Penal, que tiene que discutirse el consumo de ciertos estupefacientes, como la marihuana, dentro del ámbito de la cadena de comercialización, puesto que es prioritario abordar el tema (generar un debate) en la sociedad. “En autoconsumo se está proponiendo la despenalización: que una persona pueda ser consumidora sin necesidad de ir a la cárcel. Necesita rehabilitación, no necesita ir a la cárcel”, indicó.

Mera agregó que se evidencia en algunos países, como Guatemala y Honduras, un alto índice de violencia, justamente por el tema del tráfico y consumo de drogas, donde “la represión absoluta no funciona, tiene que regularizarse el autoconsumo, que ya se está regularizando” así como el principio de proporcionalidad de la pena en sentencias condenatorias”.

Según el sitio web del organismo de control (www.consep.gob.ec), la tercera encuesta nacional sobre uso de drogas desarrollada en 2008 a estudiantes, de entre 12 y 17 años, revela que el primer contacto con la droga de ciertos menores es a los 12 años de edad; sin embargo, en un estudio similar efectuado el año pasado,  la edad ascendió, fluctuando entre  los 14 y 15 años.

Jiménez sostiene que la mayor parte de adolescentes consume por experimentar, otros frecuentemente y la minoría sufre de adicción. “Los datos reflejan esa realidad, puesto que el uso experimental de la marihuana presenta el más alto porcentaje de 1,62% y el 0,18% es por un uso conflictivo, debido a que es una de las drogas más usadas por la facilidad de adquirirla. Eso se demuestra con el 7% de los alumnos que aseguró que, en los últimos 30 días, le ofrecieron marihuana para comprarla o probarla”, señala.

En ese sentido, el Ministerio del Interior y Policía presentó ayer la campaña “Yo vivo mi colegio preventivo”, que consiste en la capacitación preventiva a nivel de escuelas y colegios para que los padres de familia y maestros manejen el sistema de prevención de drogas.

El lanzamiento de la campaña se dio, en su etapa inicial, con la participación de 70 establecimientos educativos de Guayaquil.

El viceministro del Interior, Javier Córdova, dijo que esta campaña tiene como meta beneficiar a niños, niñas, adolescentes y padres de familia para que, con actividades didácticas como títeres, talleres de video, foros y otros, exista la práctica de conductas saludables que impulsen la unión familiar.

El trabajo preventivo impulsado por la Policía busca evitar que la juventud caiga en las garras de la droga, lo que ocasiona problemas en la sociedad.