La situación legal del titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en el gobierno anterior, Pablo R. se complica.

Al juicio penal que le espera en Ecuador por el presunto secuestro al político Fernando Balda el 13 de agosto de 2012 en Bogotá (Colombia), este lunes se le sumó otro enjuiciamiento por el delito de peculado, en el denominado caso Caminito.

A ello se agrega que en España, país donde está residiendo, avanza el proceso de extradición solicitado por la justicia ecuatoriana.

En febrero de este año, de los seis vinculados en el caso Balda, solamente dos fueron sometidos a juicio, ya que de los cuatro restantes dos fueron absueltos y dos están prófugos.

El 21 de septiembre de 2018 la jueza nacional Daniella Camacho acogió el dictamen abstentivo presentado por Fiscalía y dispuso el sobreseimiento a favor de Jorge Espinosa y Fausto Tamayo.

Mientras que el 7 de noviembre de 2018 la misma jueza resolvió llamar a juicio al expresidente Rafael C.; al exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo R. y a los exagentes Diana F. y Raúl Ch.

Pero para esa fecha, el exmandatario y el extitular de la Senain ya se encontraban fuera del país y anunciaron que no regresarán.

Ante esta situación y al estar en calidad de prófugos, no se los pudo enjuiciar en ausencia. El caso está suspendido para ellos hasta que se entreguen a la justicia o sean detenidos.

Estos dos exaltos funcionarios son requeridos por la justicia por lo que está en trámite el pedido de difusión roja y detención de ambos.

El nuevo juicio
En la audiencia preparatoria de juicio, el conjuez Richard Villagómez, resolvió acoger el pedido de la Fiscalía y llamar a juicio a Pablo R.

Además a su exasesora Cecilia S.; Jorge G. excoordinador general de Contrainteligencia y, Juan L., excoordinador general de Gastos Especiales de la Senain.

Ellos serán procesados como autores del delito de peculado en el citado caso Caminito, mientras que el quinto implicado, Walter O., exagente y mensajero, deberá enfrentar el proceso como cómplice.

Para Pablo R., el conjuez ratificó la orden de prisión y dispuso que se notifique con esta resolución a la presidenta de la CNJ, quien es la encargada del proceso de extradición.

Para los cuatro restantes, ordenó que se mantengan las medidas cautelares de prohibición de salida del país, presentación periódica ante autoridad judicial y prohibición de enajenar bienes por un monto de hasta $ 162.000.

La decisión fue tomada sobre la base de la acusación realizada por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien presentó aproximadamente 120 elementos de convicción, que fueron el sustento para emitir su dictamen acusatorio y solicitar el correspondiente auto de llamamiento a juicio a los exfuncionarios.

Carlos Manosalvas, abogado de Juan L., afirmó estar inconforme con la decisión del conjuez y anticipó que durante la etapa de juicio demostrará la inocencia de su cliente.

“Hay que recalcar que el ingeniero Juan L. no tuvo participación alguna respecto a este tema en particular y eso lo vamos a probar”, dijo.

Consideró que el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) de la Contraloría no puede ser tomado como prueba y ratificó que Juan L. no sabía de la operación ni a quién iba dirigido el dinero.

Stalin Oviedo, abogado de Pablo R., coincidió con Manosalvas al señalar que el IRP no es una prueba documental, lo cual determinaría que el excontralor Carlos Pólit, debe dar su testimonio en audiencia.

Con ello se podrá verificar la veracidad y el contenido del IPR, sostuvo, al señalar que en su fallo el juez ha actuado un tanto apegado a política, ya que no hay los suficientes elementos de convicción que puedan determinar las responsabilidades.

Detalles del caso Caminito
La investigación fiscal se inició con base en un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, resultado de un examen especial realizado a la Senain entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013.

En este se señala un aparente uso inadecuado de fondos públicos pertenecientes a Gastos Especiales para ejecutar la operación encubierta denominada Caminito.

Según las investigaciones, con la operación se planificó obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenía datos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), CNJ y otras entidades estatales, además de claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado.

Como resultado de las indagaciones se determinó la falta de justificación en el pago a un informante conocido como “el Ruso”, de quien no se ha podido verificar su existencia.

Además, no presentó un producto final sobre el requerimiento. Este hecho habría ocasionado un perjuicio para el Estado de aproximadamente     $ 162.582.

El informe de Contraloría estableció que se realizó un pago al ciudadano español Eduard Soler, por $ 41.500 por concepto de compra de información y por tanto él sería “el Ruso”.

Los pagos se realizaron en Montevideo (Uruguay), pero resultó que Soler no existe y ello fue certificado por la embajada de España.

Hay indicios de que el pasaporte que sirvió como identificación de la persona que recibió el dinero en calidad de informante no es real.

Por lo tanto no existe la certeza de que el monto entregado a cambio de la información de carácter secreta que motivó la realización de la operación Caminito tenga el debido sustento, considerando que no se ha evidenciado resultados. (I)