Las revelaciones realizadas el 3 de abril de 2016 en forma simultánea en 76 países sobre las cuentas en paraísos fiscales que personalidades y funcionarios de muchos gobiernos mantenían asesorados por el estudio jurídico Mossack Fonseca, conocido como el caso Panama Papers, fue la pauta para que en el Ecuador se inicie una investigación a los mencionados.

Es de ahí que a los pocos días, la Fiscalía General del Estado no solo que encuentra nombres de personalidades y funcionarios nacionales vinculados a los paraísos fiscales, sino que aparecen movimientos financieros irregulares, particularmente relacionados con la empresa  ecuatoriana Petroecuador.

Así nace el caso Petroecuador en abril de 2016, con una investigación iniciada por la Fiscalía por dos tipos de delitos: cohecho y enriquecimiento ilícito, en los que están implicados  exautoridades de la estatal petrolera, empresarios y sus familiares.

Han transcurrido 16 meses y el caso sigue latente, las investigaciones continúan, los procesos legales también, pero a un ritmo más lento por la propia dinámica del sistema de justicia que tiene el país.

Según el último informe emitido por la Fiscalía General del Estado, por el caso Petroecuador en total se abrieron 24 procesos judiciales para investigar los posibles actos de corrupción.

Están 109 personas investigadas, 40 procesados, 9 de ellos privados de la libertad. En asistencias internacionales la Fiscalía ha recibido 18.

Ocho son los delitos que se investigan: cohecho, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, perjurio, enriquecimiento ilícito que comenzó como tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado, e incumplimiento de decisión legítima.

Después de que se divulgaran los nombres de ‘offshores’ constituidas por ecuatorianos en Panamá, se abrió una investigación en contra de Álex B., exgerente de Petroecuador, quien el 16 de mayo fue detenido en Quito y, en un primer momento, se lo procesó por presunto tráfico de influencias.

El fiscal Franklin Bravo, quien llevó el caso, aseguró que el exfuncionario benefició a las empresas Multiservicios Valdi (Multival), Nolimit y MMR Group con la suscripción de contratos, que sobrepasaron los $ 44,7 millones y estaban relacionados con la Refinería de Esmeraldas. En estas empresas trabajaban sus familiares y amigos.

Esta investigación no prosperó porque la Fiscalía cambió el delito de tráfico de influencias por enriquecimiento ilícito, que tiene una pena más alta. Álex B., y el exgerente de Petroecuador, Carlos P. Y., recibieron pagos desde 11 empresas.

En agosto de 2016 fue detenido Javier B., accionista de la empresa Oil Services & Solution. Su arresto se dio en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, cuando intentaba salir del país con $ 33.000 en efectivo. En este caso, la Fiscalía presentó cargos contra el empresario por supuesto cohecho.

Entre las pruebas se presentó transferencias por $ 600.000 de una cuenta de la ‘offshore’ Arkdale, relacionada con los hermanos Jaime y Juan B. y constituida en las Bahamas, a una cuenta de Girbra, empresa panameña de Álex B.

A finales de octubre, el fiscal Jacinto Tibanlombo, vinculó a este caso a 17 personas, entre estas a Carlos P. Y., exgerente de Petroecuador, su exasesor Arturo E., su hijo Carlos P., y su hermana Rosa P.

También fueron procesados Álex B., su esposa, su madre y su padrastro y directivos de las empresas Galileo Energy, Tecnazul y MMR Group, todos contratistas de la estatal petrolera.

La Asistencia Penal Internacional de Panamá confirmó que Carlos P. Y., y Álex B., recibieron $ 11,7 millones a través de las cuentas bancarias de sus ‘offshores’, dinero que provenía de 11 compañías y 3 contratistas.

El 11 de noviembre, Marco C., otro exgerente de Petroecuador, fue detenido junto con un exfuncionario, Diego T., y el contratista Eduardo V. Contra ellos existe un proceso por supuesta delincuencia organizada. Mientras que el 26 de diciembre pasado fue arrestado el abogado Ernesto W., procesado por supuesto lavado de dinero. En este caso hay una orden de prisión contra Carlos P.C. y su hijo Carlos P.D.

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Resultados judiciales

En los 16 meses de investigaciones se ha logrado esclarecer en parte el caso, los delitos y sus responsables, por lo que entre las personas con más procesos en contra está Álex B., exgerente de Petroecuador, con 5: por cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos y peculado.

Además ha recibido 3 sentencias: por cohecho, enriquecimiento ilícito; y por delincuencia organizada.  

Carlos P.Y., enfrenta 4 procesos: como exministro de Hidrocarburos es procesado por enriquecimiento ilícito. Además, como exgerente general de Petroecuador, por cohecho, lavado de activos y peculado. Al igual que Álex B., y con la misma pena fue sentenciado por cohecho.

Entre los mayormente implicados aparece también el exgerente de Petroecuador, Marco C., con 3 procesos: por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado.

Tres casos ya tienen sentencia

Por cohecho, delito tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual no prescribe, establece una pena de entre 5 y 7 años de prisión, y el procesado puede ser juzgado en ausencia. Están vinculadas 18 personas.

Este es el caso más avanzado, por lo que el 15 de febrero de este año el Tribunal Penal, integrado por los jueces Daniel Tufiño, Lola Ruiz y Luis Manosalvas, dictó sentencia contra 16 de los 18 procesados

Álex B., y Carlos P. Y., los 2 principales acusados, junto a otros 8 procesados recibieron una pena de 5 años de prisión, multa de $ 4.500 y $ 25 millones de reparación.
Otros 6 de los acusados fueron condenados como cómplices a 2 años y 6 meses de prisión, entre ellos los familiares de Carlos P. Y., y de Álex B. Además, el tribunal declaró inocentes a 2 de los procesados.

El 17 de julio, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó el pedido de diferimiento de la audiencia de apelación de la sentencia. Aún no se define fecha.

Por enriquecimiento ilícito, delito que el Art. 279 del COIP estipula una pena que va de 3 a 10 años de prisión y que no prescribe, el 5 de mayo de este año el Tribunal Penal integrado por los jueces, Paola Logroño, Edmundo Samaniego y Katherine Vásquez, sentenció con 3 años 4 meses de cárcel, multa de $ 7.500 e indemnización de $ 364.204,25 a Álex B., quien recibió la rebaja de pena por acogerse al procedimiento abreviado, que es la colaboración.

Por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el Art. 369 del COIP y que estipula penas de 5 hasta los 10 años de privación de la libertad, también hubo sentencia el 28 de abril de este año contra Álex B., por el juez Patricio Baño.

Tres años 4 meses de cárcel, $ 4.500 de multa y $ 1’298.520,21 de reparación, es la sanción impuesta. El juez se abstuvo de acusar a Eduardo V., y Luis O., pero el juicio continúa contra 4 procesados.

Por lavado de activos, peculado, enriquecimiento privado no justificado, incumplimiento de decisión legítima y perjurio, no presentan mayores avances.

El 20 de junio, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, se reunió en Panamá con Kenia Porcell, titular de la Procuraduría General, en donde ratificaron la cooperación jurídica internacional entre ambas instituciones y el apoyo en casos complejos, como el de Odebrecht y Petroecuador.

Hay relación entre los casos Petroecuador y Odebrecht

Dentro del proceso de investigación por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, el 30 de junio, fueron detenidos el exgerente de Transporte de Petroecuador, Ramiro C., y Diego C.

Según la fiscal del caso, Diana Salazar, en la investigación se descubrió que Vladmau Construcciones, empresa constituida en diciembre de 2008, habría entregado a Ramiro C., $ 202.050, entre 2012 y 2015, por servicios que jamás existieron y su origen sería Odebrecht.

Estos pagos estarían relacionados con el contrato adjudicado a la empresa brasileña para construir el poliducto Pascuales-Cuenca, por un monto de $ 370 millones, convenio que fue suscrito por  Ramiro C., el 17 de octubre de 2013, tras recibir plenos poderes del gerente de la petrolera, Marco C., quien se encuentra detenido por delincuencia organizada en el caso  Petroecuador y que ha sido llamado a declarar por el caso Odebrecht ante la fiscal Salazar.

Según el Sercop, entre 2009 y 2012, Vladmau tuvo 19 contratos por $ 1,5 millones con el sector público. En los siguientes 3 años ganó 12 contratos con Petroecuador, por el monto de  $ 6,9 millones.

Vladmau junto con Legadoil y Promanti formaron parte del consorcio World Wide Energy (WWE),  con el que el 3 de julio de 2015, Carlos P. Y., firmó un contrato sin concurso para rehabilitar una unidad de la refinería, por $ 18,1 millones.

WWE registró transferencias a Servbrahe y Hesomite, por $ 25.000, a cada una, en 2016 y su procurador común, Juan Carlos A., también pagó otros $ 170.000 en 2014 a las 2 firmas, según el informe de la Unidad de Análisis Financiero. Estas 2 empresas son de Jelice H., esposa de Álex B., ambos sentenciados por cohecho en el caso Petroecuador.

La fiscal Diana Salazar solicitó a Vladmau detalle qué relación tenía con Ramiro C., pues presuntamente trabajó ahí, además pidió que se vincule a Ramiro C., y a Diego C., al caso Odebrecht, por supuesta asociación ilícita, en el que se investiga a Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glas, al empresario José T., y otras 5 personas.

El propósito es unificar los casos porque José T., exfuncionario de Petroecuador y supuesto intermediario de Odebrecht, estaba relacionado con Diego C., a través de Joubert Corporation y Alesbury Investment S.A., firmas ‘offshore’ constituidas en Panamá el 3 de enero de 2014.

Estas 2 empresas fueron creadas por el estudio Mossack Fonseca para dar servicios de ingeniería, construcción y asistencia técnica. El cliente pidió la apertura de la cuenta en algún banco de Antigua y que las acciones sean nominativas a favor de Diego C., según los Panama Papers. (I)

En allanamientos realizados el 11 de noviembre en Guayaquil, Esmeraldas y Quito, la Policía encontró más de $ 300.000 en techos, cajones y tarros. Foto: Cortesía POLICÍA NACIONAL