El Ejecutivo redactó 73 observaciones a los más de 1.000 artículos, 4 disposiciones Generales y 23 transitorias del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que aprobó la Asamblea Nacional y envió al Presidente para que ejerza su derecho al veto.

El documento fue devuelto al Legislativo y la Comisión de Justicia tiene ocho días laborables para elaborar un informe no vinculante, con este la Presidenta de la Asamblea debe convocar al pleno, que tiene 30 días para allanarse al veto o ratificar en el documento original.

La asambleísta Gina Godoy señaló que la mayoría de enmiendas sugeridas son de forma, además de que contribuyen a darle mayor claridad al texto para mejor comprensión.

Sin embargo, aclaró que se necesita discutir los cambios sugeridos, ya que, por ejemplo, el Presidente considera que las mujeres embarazadas no deben incluirse en los casos especiales, y solo sustituírseles la prisión preventiva cuando cumplan los requisitos en el artículo 536, ya que son utilizadas por los delincuentes para cometer sus fechorías.

Entre los vetos, el Presidente considera que se debe incluir un nuevo tipo penal denominado ‘fraude procesal’, al que incluye en el artículo 272 que se refiere a las personas que oculten, escondan o suministren ayuda a los responsables del cometimiento de una conducta delictiva tipificada en el COIP.

Ninguno de los vetos hace referencia a la mala práctica profesional, la que se mantiene tal cual fue redactada por la Asamblea en los artículos 146 y 152.

Sobre el homicidio culposo, tipificado en el artículo 145 que se refiere a quienes por culpa ocasionen la muerte de una o más personas, el Ejecutivo cree que el proyecto de ley no establece responsabilidad para aquellos funcionarios públicos que tienen la facultad de otorgar permisos, licencias o autorizaciones para la realización de obras civiles “es lógico que la responsabilidad se debe extender a aquel funcionario que otorgó la autorización de manera negligente”.

El secretario de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Richard Ortiz, indicó que la comisión de Justicia tiene 8 días para realizar un informe, luego de lo cual en el pleno se discutirán los vetos presidenciales para proceder a la votación final, para lo cual tienen 30 días de plazo.

LEA LA OBJECIÓN PARCIAL DEL EJECUTIVO AL COIP