El informe de Contraloría sobre el campo Singue determinó indicios de responsabilidad penal y económica por un presunto perjuicio al Estado por $ 5,2 millones.

Esto complicó la situación jurídica de la compañía Gente Oil y originó otros dos procesos en el país, así como la notificación a Ecuador con el inicio de un arbitraje internacional.

Según el contrato, el arbitraje se llevará a cabo bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y será administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Silvana Pástor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil, compañía aludida en la auditoría, da su versión de la situación.

El informe de Contraloría es refutado por Gente Oil, ¿por qué?
El informe de Contraloría sobre el campo Singue, a raíz de la Décima Ronda Petrolera, carece de sustento técnico y legal.

Al ser este un tema técnico del sector petrolero, de la industria, nos preocupa ver cómo un equipo auditor emite un informe con errores técnicos y legales de contratación petrolera. Incluso, con errores de la técnica en estimación de reservas. Hace caso omiso a las regulaciones para las transferencias de participación de contratos que se han dado en este país, no solo con Singue o Gente Oil, sino en todo contrato petrolero.

Nos preguntamos por qué se utiliza el resultado de un contrato exitoso para el Estado, legítimamente adjudicado a raíz de una licitación donde participaron muchos inversionistas internacionales, muy bien regulado.

La interrogante también es por qué se emite un informe en el cual, si bien hubo beneficios sobre los $ 400 millones en este contrato para el Estado, emiten un perjuicio al Estado por $ 5 millones, en función a un error de cálculo de tarifa por parte de Contraloría.

El otro tema que preocupa es que, a pesar de los descargos y explicaciones entregados, se ratifican en la glosa. Entonces, si me preguntan si es político, definitivamente sí; tiene un trasfondo político.

¿Quiénes estarían detrás?  
No le puedo decir quién está detrás porque no sé, estaría haciendo un juicio de valor. Lo que hago es defender un tema técnico, de un contrato que incluso ha sido reconocido como ejemplo en la industria en resultados técnicos y para el Estado.

¿Cuáles son los descargos que entregaron y ante quién?
En el proceso inicial que tuvimos con Contraloría, hay un proceso de auditoría y se entregaron los descargos. Luego, cuando estuvo el informe provisional, se volvió  a entregar los descargos. Cuando emitieron el informe final, igual se presentaron los descargos.

Incluso cuando lo enviaron a los medios de comunicación directamente nos acercamos a Contraloría y les dijimos están cometiendo errores. Obviamente ya pasó a otra instancia, pues Contraloría emitió el informe de indicios con responsabilidad penal a la Fiscalía, por una glosa a la compañía y a funcionarios implicados en el proceso de aprobación de la licitación.

¿Cuántos procesos existen?
Estamos en tres procesos distintos: uno con Fiscalía, que es penal y en contra de 21 personas, entre ellas, funcionarios públicos, representantes legales de Gente Oil y de la compañía Dygoil (que era parte del consorcio DGC que ganó la licitación y luego se separó), están subsecretarios de Hidrocarburos, exministros y funcionarios petroleros de carrera.

Los otros procesos son el civil, que está enfrentando la compañía con 25 personas o más en el tema de la glosa de $ 5,2 millones, solidaria, y el de los funcionarios públicos por el tema de las multas administrativas.

Es un contrato ejecutado correctamente, con un inversionista serio, que creyó en el país, que vino a poner más de $ 122 millones de inversión, $ 90 millones en contratos locales, en compañías locales, que ha generado empleo a más de 65 personas y beneficios sociales.

Él veía a Ecuador como la entrada a Latinoamérica, para generar proyectos en el sector petrolero, turístico, inmobiliario, construcción. Es inversionista de mucho reconocimiento a nivel internacional y se lo está metiendo en un problema con un informe antitécnico.

Quieren meter a más de 20 personas en un proceso penal, cuando es un contrato exitoso, que en cinco años le deja más de $ 400 millones en beneficios al país, pese a que se esperaba, en 20 años, generar $ 150 millones.

El Estado lo intervino de 1991 a 1997, perforaron dos pozos: el Lalama 1 resultó seco y el Singue 1 produjo 447.000 barriles de 1991 a 1997, luego 140 barriles y lo declararon no económico comercialmente, no rentable. Por ello lo cierran y lo dejan  en esas condiciones de 1997 a 2012, en que es entregado para la Ronda Petrolera.

¿Cuánto ha invertido la empresa para alcanzar resultados?
$ 123 millones en total y se han hecho 10 pozos. El resultado no es suerte, es la técnica de la industria petrolera: se perforan los pozos, se saca información y se envía a las empresas certificadoras internacionales para que den el visto bueno. En función de ello se puede inferir si hay más reservas.

El artículo 14 de la Ley de Hidrocarburos dice que es obligación de las contratistas, a través de su inversión, incrementar las reservas, a fin de aumentar la producción.

¿Cuándo se notificó a Ecuador de la demanda internacional entablada por Gente Oil?
El 6 de abril se notificó la decisión de la compañía de ir a un arbitraje contra el Estado ecuatoriano.

¿Qué esperan de ese arbitraje?
Establecimos un período de negociación con el Estado antes de entrar al arbitraje, pero lastimosamente ese período concluyó.
Esperamos, evidentemente, que haya una revisión del caso, porque el informe de  Contraloría no tiene sustento legal ni técnico.

La compañía sigue trabajando, operando, nosotros tenemos un contrato firmado con el Estado que, por el lado de Gente Oil, se dará cumplimiento. (I)