El gobierno de Ecuador estima en unos $ 200 millones el monto de la indemnización que exigirá a la empresa constructora Odebrecht por los perjuicios derivados de la trama de corrupción revelada a nivel mundial.

“Nosotros estamos hablando de que la indemnización, sin perjuicios de temas laborales, ambientales o de otro índole, al menos deberían bordear los 200 millones de dólares”, dijo el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, en declaraciones a las que tuvo acceso la agencia Andes.

Orlando dijo que en ese sentido se ha remitido un documento a la Procuraduría General del Estado y que el cálculo del monto se proyectó en base a los $ 33,5 millones que según el Departamento de Justicia de EE.UU. se habrían pagado a funcionarios ecuatorianos.

También por los $ 116 millones que Odebrecht habría obtenido de beneficio por esos pagos, más los juicios que hayan favorecido a la administración tributaria en Ecuador. Esto sin perjuicio de las demás obligaciones tributarias derivadas de los controles que están en curso.

Dijo que el control continúa y van a hacerse extensivos considerando que Odebrecht mantiene un contrato para la construcción del Metro de Quito en consorcio con la compañía española Acciona.

“Ahora con todas las alertas que evidencian un comportamiento anómalo de esta empresa, se tendrán que revisar con mayor atención los pagos, sobre todo al exterior, los flujos financieros, y activar todos los convenios de intercambio de información para verificar que esos desembolsos tengan esencia económica y estén relacionados con la actividad contractual”, explicó el director del SRI.

También, refirió que se ha venido controlando a la empresa Odebrecht de manera intensa en la última década –de 2007 al 2016- excluyendo el periodo en que la empresa no estuvo en el país (2009) tras ser echada por el gobierno del presidente Correa.

En la década de gobierno de Rafael Correa se realizaron 26 controles versus los seis en los diez años precedentes, expuso.

“Es decir, que se ha multiplicado en más de cuatro veces el número de auditorías a la empresa y ahora contamos con información de los expedientes a nivel internacional y nacional, que permiten también identificar y ratificarse una vez más que la utilización de los paraísos fiscales son un grave riesgo en este tipo de tramas de fraude transnacionales”, mencionó.

Orlando dijo que se ha evidenciado que la empresa tenía una práctica corruptora a través de verdadero departamento de sobornos, de acuerdo con la información que se tiene desde Brasil y de Estados Unidos. Se trata de un conjunto de empresas en paraísos fiscales desde donde se hacían pagos al margen de la ley.

Según el funcionario, de las investigaciones ejecutadas se han detectado pagos que no pueden ser aceptados por la normativa ecuatoriana. Eso, dijo, no se hubiera podido detectar si no hubiera sido por las delaciones porque los paraísos fiscales no comparten información con los Estados que luchan contra la evasión, el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción. (I)