Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se transformó la justicia en Ecuador, pues establece herramientas para una administración más ágil y efectiva. El país hoy es un referente en materia regional y su sistema es requerido por otros países, como Perú, Bolivia, entre otros.

El incremento de jueces en este año ha permitido superar el promedio latinoamericano que es de 11 por cada 100 mil habitantes. Ecuador cuenta con 1.933 operadores de justicia, lo que equivale al 12.5 por cada 100 habitantes.

A esto se suman los centros de mediación y los jueces de Paz, alternativas de justicia que entrega a la ciudadanía.

El Código Orgánico General de Procesos (Cogep), que entrará en vigencia el 22 de mayo de 2016, traerá el sistema oral en las materias no penales.

Estos temas, entre otros, con mayor amplitud explicó el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh Röben, en una entrevista con diario EL TELÉGRAFO.

Con la vigencia del COIP, ¿cuáles son los avances más importantes en la justicia ecuatoriana?

En más de un año de vigencia, esta herramienta jurídica ha permitido al sector justicia ser más efectiva en la lucha contra la impunidad. Por ejemplo, con el juicio directo que establece el COIP el juez de garantías penales juzga ciertos delitos con sanción menor a 5 años de prisión en menos tiempo. Esto disminuye favorablemente los tiempos procesales y aumenta la productividad judicial. Además, se inició con las actas de resumen y las videoconferencias para la comparecencia de testigos. Incluso, las audiencias se instalan aún con la falta de un testigo.

Cuando habla de productividad judicial, ¿a qué se refiere?

Antes teníamos hasta el 30% de audiencias fallidas. Ahora, el 96% de las diligencias judiciales se instala en la primera convocatoria, solo en algunas provincias fallan el 1%, y esto es gracias a la coordinación y modelo de gestión, y también a las normas del COIP. También en materia penal tenemos una triplicación en la productividad de sentencias, particularmente en los delitos flagrantes, que se juzgan en un tiempo promedio de 125 días, lo que constituye una garantía procesal para el inocente y el culpable de un delito.

¿Con cuántos jueces cuenta el país?

Ecuador cuenta con 1.933 jueces hasta el momento, que equivale a 12.5 administradores de justicia por cada 100 mil habitantes, lo que supera el promedio latinoamericano. Este número es suficiente para ofrecer cobertura geográficamente bien ubicada a nivel nacional. Si hay alguna necesidad adicional, lo analizaremos, pero estamos cerrando 2015 con esta presencia judicial, que es suficiente.

Consideran que judicialmente el país es un referente nacional y regional?

Tenemos una cobertura judicial que ha permitido, en materia penal específicamente, convertir a Ecuador en un referente a nivel nacional. También por estudios serios regionales estamos ubicados en el primer lugar de la lucha contra la impunidad en América del Sur. Esto en función de los tiempos procesales, las diligencias de homicidios, la productividad judicial, el juicio directo, el COIP, herramientas que ponen al país en un estándar regional.

¿Qué cambiará con el Cogep?

Con el nuevo sistema salimos del sistema escrito al oral, ya no se tiene un trámite largo, puesto que un juicio ordinario que ahora dura 3 años, con la aplicación del Cogep será de 4, 5 o 6 meses con audiencias específicas. Tenemos el número de jueces para enfrentar la oralidad, mejora la transparencia porque el juez tiene que resolver en la audiencia pública, por lo tanto es transparente y mejora la ausencia de sorpresa procesal, porque desde mayo de 2016 se deberá demandar con pruebas. Esto permite la seriedad del proceso.

Con estas nuevas herramientas hay que cambiar de mentalidad a los jueces?

Es fundamental la capacitación y transformación de los jueces, abogados y la ciudadanía para que se acostumbren al nuevo sistema. La Escuela de la Función Judicial se encargará de los procesos de formación para los jueces civiles, de inquilinato, laboral, de familia que van a un sistema estructuralmente oral. Los funcionarios están en talleres prácticos no teóricos de cómo se manejan las audiencias.

La mediación ¿de qué manera ayuda a descongestionar la justicia?

La mediación es una prioridad dentro del proyecto judicial. Ofrecemos la posibilidad de resolver los problemas a través del diálogo. En 24 meses se crearon 99 centros a escala nacional y se recibieron más de 100 mil casos, en cuyas audiencias se llegaron al 85% de acuerdos entre las partes. Es un procedimiento menos costoso y más rápido, porque termina en una o dos audiencias, en el lapso de 15 días y con la gran ventaja de que el acto de mediación tiene el mismo valor que una sentencia.

¿Igual pasa con los jueces de Paz?

Aquí vamos al ritmo de las juntas parroquiales y de las comunidades, porque son ellas las que eligen el juez de Paz. La Judicatura formaliza su nombramiento. Al momento hay 100 jueces de esta categoría en 23 provincias del país. Ellos resuelven en equidad los conflictos que se presentan de acuerdo con sus competencias, que son de menor cuantía, más de convivencia, familiares. Lo que deciden ellos tiene valor jurídico. Con el convenio firmado con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (Conajupare) promoverán la designación de los líderes.

¿Cómo se juzga a los jóvenes implicados en actos violentos?

En Ecuador los menores de edad no tienen responsabilidad penal, solo legal. A ellos se les puede aplicar, a través de la justicia juvenil, medidas socioeducativas, sociales, de seguridad, de internamiento, son medidas que implican privación de la libertad. Con el COIP la pena puede ser máximo dos años, pero en delitos graves puede ser de hasta 8 años. Hemos ampliado la cobertura de servicio juvenil y la estrategia del Gobierno Nacional y del sector justicia es desarticular las bandas que utilizan a los menores de edad para sus fechorías. Y, por supuesto, el joven que ha cometido delitos muy graves tiene que tener un tratamiento específico de acuerdo con su condición social, pero que no quede en la impunidad.

Y, ¿en casos de homicidios?

La sanción era de dos años, ahora es de 10 años, según establece el COIP. Son medidas adaptadas a esa condición de joven donde el sistema de política pública trata de recuperar esa vida.

¿Qué va a pasar con los expedientes de papel?

El sistema escrito obliga a gastar más o menos 8 millones de papel mensualmente en la Función Judicial. Esto se suma a las hojas de papel que las partes de un proceso ingresan por ventanilla.

Es el sistema escrito que obliga a tener este modelo, con el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) vamos a un sistema oral y el papel se reduce, no se elimina porque la demanda y algunas pruebas son por escrito. Ahora con el expediente electrónico muchas cosas serán escaneadas y así habrá un expediente digital, con el cual se tramitará el proceso, lo cual se reduce a la mínima expresión.

En el Cogep las sentencias son orales, pero tienen que emitirse por escrito a las partes.

La ley establece que la decisión oral que el juez tome en la audiencia, luego se notifique por escrito, es un elemento de mayor seguridad jurídica. Ese es el diseño que ha determinado el Cogep, que tiene la mayor parte de países que han entrado al sistema de la oralidad. (I)