Ecuador busca acuerdo con Odebrecht sobre supuestos sobornos
Ecuador gestiona un acuerdo con la brasileña Odebrecht para esclarecer los supuestos millonarios sobornos de la gigante constructora a funcionarios ecuatorianos, indicó el lunes el fiscal general Galo Chiriboga.
"De darse un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y la constructora brasileña Odebrecht, propongo que este sea público", dijo Chiriboga a través de su cuenta en Twitter.
El fiscal, quien ha mantenido conversaciones con representantes legales de la empresa, agregó que "la confidencialidad de un posible acuerdo con Odebrecht respetará la protección a víctimas y testigos, y la naturaleza de la investigación".
Señaló que "las investigaciones que se desprendan tras un posible acuerdo de cooperación eficaz tendrán el tratamiento que dispone la Ley" y que "deberá tener la conformidad legal de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano".
La Fiscalía de Ecuador indaga la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el sentido de que Odebrecht pagó entre 2007 y 2016 unos $ 33,5 millones a funcionarios ecuatorianos, y encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008.
El presidente Rafael Correa expulsó a la gigante empresa brasileña en 2008 por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica. Tras un acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador.
Chiriboga ha admitido que en los diálogos que ha sostenido con representantes de Odebrecht ya "se acordaron líneas de cooperación" para aclarar los presuntos hechos de corrupción.
El pasado miércoles, un juez ecuatoriano bloqueó pagos por $ 40 millones a Odebrecht para "garantizar una posible indemnización al Estado", de acuerdo con la Fiscalía.
Una empresa estatal a cargo del levantamiento de una refinería y otra de agua potable que adeudan unos $ 40 millones recibieron la "orden" de un juez de Quito de no pagar a Odebrecht "mientras duren las investigaciones por presuntos sobornos".
En diciembre último, la Fiscalía allanó oficinas de Odebrecht en el país, mientras que la justicia prohibió temporalmente al Estado hacer contratos con la firma brasileña. (I)