El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 propuso a la Asamblea Nacional endurecer las sanciones por el mal uso de la línea de emergencia 911 e incluir la posibilidad de castigar con penas privativas y multas.

En un comunicado, el ECU 911 informó de que durante 2017, aproximadamente 546 alertas fueron identificadas como "presuntas llamadas falsas", lo que significó que en el mismo período "se pudo dejar de atender -debido al mal uso del 9-1-1- alrededor de 245.700 emergencias reales".

En 2018 se han registrado 151 alertas sobre amenazas de bomba, lo que han ocasionado "gastos innecesarios" de tiempo y recursos para la atención de emergencias reales que se reportan al ECU 911, indicó.

Andrés Sandoval, director General del ECU 911, dijo que es necesario prevenir el uso indebido de las instituciones de emergencia y de los recursos.

"Nuestra propuesta busca añadir una sanción pecuniaria, en estos casos, para fortalecer la cultura de emergencia en el país", añadió al informar sobre la propuesta para reformar el Código Integral Penal (COIP) por el mal uso del servicio.

Actualmente el mal uso del número de emergencia se sanciona con la suspensión del servicio a las líneas telefónicas desde las que se hace la llamada.

Desde hace varias semanas han proliferado las falsas amenazas de explosivos, lo que ha generado nerviosismo entre la población.

El pasado 19 de abril tres inmuebles, entre ellos una escuela con más de mil alumnos, fueron evacuados en Quito por sospecha de bomba, y cuatro días después las autoridades ordenaron evacuar una universidad, ambas amenazas falsas.

Nueve días después, la Policía efectuó una explosión controlada en un automóvil en la ciudad ecuatoriana de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la provincia del mismo nombre, ante la amenaza de la posible existencia de una bomba.

También el 16 de mayo, medio millar de personas fueron evacuadas de uno de los principales hoteles de la capital ecuatoriana, por una amenaza de explosivo, que resultó falsa. (I)