La Contraloría General del Estado aprobó dos informes que concluyen indicios de responsabilidad penal por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

La entidad de control difundió el informe que fue aprobado el 4 de junio. Señaló -en primer lugar- irregularidades en la Contratación del servicio de desinfección de instalaciones.

Según detalló Contraloría, la Epmaps cuenta en su stock con productos químicos para desinfección como hipoclorito de sodio. No obstante, se recurrió a la contratación del servicio y la provisión del químico PTDO2 para realizar esas tareas.

El organismo señaló además que "no se justificó a auditoría, mediante estudios o informes técnicos, por qué se decidió utilizar ese producto".

También, se solicitaron cotizaciones a tres proveedores, dos de los cuales presentaron sus ofertas. Auditoría observó que uno no tiene como parte de su actividad comercial la prestación del servicio requerido por Epmaps, ni registra actividad económica entre 2014 y 2018. El otro no cuenta con los recursos operativos y financieros necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato.

Por otro lado, advirtió el informe, el funcionario encargado de realizar el estudio de mercado obtuvo las proformas a través de un tercero. Auditoría realizó un estudio de mercado para conocer la conveniencia institucional de la contratación. Se determinó que Epmaps pagó en exceso $ 0.59 por metro cuadrado. Considerando que el requerimiento fue tratar más de 693 mil metros cuadrados, el presupuesto institucional se afectó en $ 409.312,46, correspondiente a un 269% de diferencia no justificada.

En segundo lugar se encuentra la adquisición de equipo de protección para el personal de la Epmaps.

El informe señaló que para la adquisición de respiradores, monogafas y trajes de protección, "no se consultó en el Portal de Compras Públicas los costos de los implementos en procesos anteriores". En el proceso, se solicitaron y receptaron tres proformas para establecer el presupuesto referencial.

Se identificó que las compañías invitadas a presentar sus ofertas están relacionadas entre ellas, comercialmente y a través de sus accionistas.

El departamento de Auditoría verificó que otras entidades del Estado adquirieron los mismos insumos a precios inferiores.
En cuanto a la adquisición de las mascarillas se concluyó que por cada unidad se cancelaron $ 4.76, por las monografías, $ 6.6 y por los trajes de protección, $ 15.

La diferencia entre el costo total del contrato y el estudio de mercado efectuado por auditoría es de $ 73.544.

La semana pasada, se dictó orden de prisión preventiva para del gerente de la Empresa de Agua de Quito, Guido Andrade y dos personas más.

Los funcionarios habrían participado en un proceso de compra de equipos de protección para el personal, con un valor que supera los $ 167 900, el mismo que fue adjudicado a la empresa Silverti.

Silverti es investigada por el presunto peculado por la venta con sobreprecio de bolsas para cadáveres al Hospital IESS de Los Ceibos, en Guayaquil. (I)