El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, acudió esta tarde a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar el informe de indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría respecto a la declaratoria de fiscalización en la provincia de Esmeraldas.

En su intervención señaló que de 106 informes de indicios remitidos por el contralor Carlos Pólit, 98 son pertenecientes al cantón Muisne. De este número, 93 tienen fuero de Corte Provincial es decir dentro de la investigación hay funcionarios públicos que tienen este beneficio y cinco casos más están siendo investigados por un fiscal ordinario. Chiriboga sin dar más detalles por la reserva legal, señaló que los 8 restantes son causas fuera de Muisne que hacen referencia a 3 colegios; la contratación del agua potable y otro en relación a la Prefectura. “La mayoría de los casos son por pagos no justificados”.

El 50% de estos indicios fueron recibidos en la Fiscalía en junio y julio pasados, es decir el presunto perjuicio al Estado de 47 informes van entre $150 a $6.000. Chiriboga aclaró que cuando el Contralor General del Estado informó que se investigaba sobre más de $27 millones, fue sobre la suma de varias actividades en la provincia.

De los casos del cantón Muisne, destacó que se han realizado las investigaciones previas, con notificaciones a las personas investigadas y reconocimiento al lugar de los hechos. Al momento, el fiscal provincial está solicitando la terna para peritos contables.

Interceptaciones telefónicas

En el marco de la denuncia de escuchas telefónicas tras los rumores de una supuesta relación del Estado con la empresa italiana Hacking Team, el Fiscal General explicó que son auditables. Es así que dispuso una auditoría desde que se inició el sistema de escuchas telefónicas con corte hasta ayer martes 21. Esto con la finalidad de conocer con exactitud el dato y si esta actividad contó con la autorización de jueces que hayan respondido a una indagación previa.

Los resultados de esa información serán presentados ante el órgano legislativo en los próximos días. El Fiscal dijo que si se salió del marco legal tendrán que responder ante la justicia porque las escuchas telefónicas se realizan por solicitud de Fiscalía bajo una orden judicial.

Sin embargo, aclaró que de las declaraciones del Secretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, el Estado no tiene contratos con esta compañía europea.

Las escuchas telefónicas se realizan en delitos como tráfico de armas, trata de personas, narcotráfico, crimen organizado, delitos sexuales, entre otros. (I)