La situación del Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, que funciona en Quito, es complicada.

Según el  Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), este es el único, de los 11 centros del país, que es administrado por una congregación religiosa ecuatoriana.

El Virgilio Guerrero es dirigido por el sacerdote Gilberto Rubio, de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores.

En la actualidad, 131 jóvenes habitan el espacio, en donde hay graves problemas, como hacinamiento y falta de recursos, dijo el religioso.

Rubio detalló que les adeudan $ 200.000 en pago a proveedores y la nómina de 43 trabajadores. Mensualmente gastan $ 54.000.

Señala que desde diciembre empezaron los problemas con la eliminación del Ministerio de Justicia. Entonces la institución pasó a la administración del SNAI. 

La semana pasada, en el centro de jóvenes infractores se quedaron sin comida. Los padres de los chicos llevaron alimentos: quintales de arroz, azúcar, pan, verduras, con el fin de aportar para la alimentación diaria de los internos.

“Sabemos que pagan por un error que cometieron, pero merecen ser tratados como seres humanos”, denunció María, madre de uno de los reclusos.

El número de privados de la libertad excede la capacidad del espacio, que puede albergar solo para 100. Pero el 55% de las personas recluidas son adultos, que cometieron los delitos cuando eran menores de edad. La normativa estipula que deben cumplir la condena en el mismo sitio, aunque sean mayores. 

Problemas con los convenios

Rubio afirmó que la firma del convenio para la administración es uno de los principales problemas para que no se asignen los recursos. El último lo firmaron en 2018.

En un comunicado, las autoridades del SNAI reconocen el problema. Y analizan la renovación del acuerdo con los sacerdotes, con el “objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento del centro”.

Los representantes de la entidad afirman que los retrasos de los pago responden, entre otras causas, al proceso de transición administrativa.

En enero, mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, eliminó el Ministerio de Justicia y en su lugar se crearon dos secretarías: de Derechos Humanos y el sistema de coordinación de rehabilitación social, que funcionan desde el 15 de febrero de este año.

Por esta razón, desde febrero la SNAI inició los procesos administrativos, como la obtención del Registro Único de Contribuyentes, creaciones de usuarios y claves de los sistemas gubernamentales, traspaso de expedientes de los diferentes servicios. En el comunicado afirman que el pago de diciembre de 2018 ya está procesado.

Mientras que los rubros pendientes hasta mayo se cancelarán en “los próximos días”,  ya que los informes correspondientes de enero y febrero llegaron el 18 de marzo de este año y el de marzo, en cambio,  el 6 de mayo, cuando debió realizarse los 10 primeros días de cada mes.

La declaratoria de emergencia

Esta semana, la Asamblea Nacional analizará la situación del centro. La asambleísta Marcela Holguín presentó una propuesta al Pleno, en la que exigen que se cancele lo adeudado. También piden que el director del SNAI Ernesto Pazmiño comparezca a la Comisión de Justicia.

Holguín recordó que en febrero de este año la Defensoría del Pueblo solicitó la declaratoria de emergencia de los centros penitenciarios.

El Consejo de Protección de Derechos de Quito realizó un proceso de observancia a la situación de esta institución y alista un informe con recomendaciones.

Sybel Martínez, presidenta del Consejo de Protección, planteará un cambio en el modelo socioeducativo de adolescentes en internamiento vigente desde 2015. 

Afirmó que es necesario cambiar las sanciones internas a los privados de libertad y que si la congregación capuchina deja el centro, la transición debe ser ordenada. (I)