Durante su comparecencia virtual ante la Comisión Ocasional de Enmiendas, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, enfatizó que la entidad debe gozar de una completa autonomía para administrar justicia, transparentar procesos y evitar que muchos de los casos no queden en la impunidad.

Salazar indicó que la Constitución señala que la Fiscalía, junto con otras entidades, forma parte de los órganos encargados de la administración de justicia y –según la Ley– su función es autónoma. Sin embargo, dijo que se presenta una dicotomía entre el inciso tercero del artículo 178, y en los numerales 1, 3, 6, y 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo que limita su accionar, ya que está supeditada a la evaluación de terceros.

La fiscal explicó a los asambleístas que existen tres modelos de fiscalías a escala internacional y que la elección de uno de ellos depende de las características institucionales de cada país.

No obstante, señaló que establecer un modelo con absoluta autonomía “es clave en las instituciones de procuración de justicia para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad”.

Agregó que esa postura es compartida con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “dado que la independencia de la justicia es considerada como un derecho humano de los ciudadanos (…)”.

“La autonomía es clave para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, para respetar los derechos del imputado, investigado o procesado y, sobre todo, para garantizar el cumplimiento del deber de investigar, que los casos sean judicializados y sancionados”, añadió.

La asambleísta del movimiento CREO, Jeannine Cruz, comparte la postura de la fiscal Diana Salazar para que la Fiscalía tenga autonomía de funciones con la finalidad de transparentar su trabajo.

Dicha mesa legislativa invitó a la Fiscal para que dé sus observaciones a la propuesta ciudadana presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática que propone que la Fiscalía se independice de la Función Judicial.

Además, para que se pronuncie sobre la propuesta de Enmienda, orientada a aumentar un requisito para las postulaciones a Fiscal, a fin de que los interesados no hayan ejercido un cargo público con rango de ministro durante los 10 años previos a su postulación. (I)