La lucha contra la corrupción se ha convertido en una de las banderas del actual gobierno. Y para ello se recurre al trabajo coordinado entre organismos.

Entre las instituciones que luchan contra la corrupción están el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio  (CPCCS-T) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Los dos organismos mantienen convenios en torno a investigaciones sobre lavado de activos. Diana Salazar, titular de la UAFE, explicó la importancia del trabajo de ambas instituciones.

Desde la UAFE, ¿cómo se mira y cómo se aporta en la lucha contra la corrupción?

Vemos a la lucha contra la corrupción como pasos que se van dando a nivel estatal. No es un tema aislado de una u otra institución, sino que se van alineando cada una de las funciones del Estado para erradicar el mal.

En ese objetivo de lucha, ¿cuál es el rol e importancia de la STTLCC y del Consejo?

El Consejo de Participación Ciudadana, que es parte de la Función de Transparencia, es el puntal principal para ir definiendo las políticas de lucha contra la corrupción.

Recordemos que el Consejo es la unidad técnica encargada de la aplicación de la Convención contra la corrupción, de tal manera que el Estado pueda alinearse con todos los objetivos a nivel internacional en este marco.

¿Cómo van las investigaciones en el tema lavado de activos?

El trabajo es continuo y coordinado con el CPCCS-T y con todas las instituciones que requieren el apoyo en asistencia técnica. Y no solo contra el lavado de activos sino en la forma de identificar otros delitos, por ejemplo, los relacionados con corrupción, narcotráfico, trata de personas...

¿Y el trabajo para conocer la ruta del dinero fruto de la corrupción?

Estamos trabajando coordinada y estructuradamente. Cada una de las entidades encargadas del tema ya han identificado y definido las competencias. Es un trabajo reservado. Los resultados serán presentados de manera oficial al país.

¿Qué tan importante es un Sistema de Lucha Contra la Corrupción?

Todos los sistemas y políticas anticorrupción deben ser implementados a nivel estatal. No una u otra institución aislada, sino de acuerdo con sus competencias. Estaremos atentos a las políticas y lineamientos que emanan desde el CPCCS-T para que la UAFE las adopte de ser necesario.

En una entrevista anterior con EL TELÉGRAFO, Diana Salazar señaló que desde febrero de 2018, que está en el organismo, han sido enviados a la Fiscalía 12 reportes de operaciones injustificadas. Estos casos tienen que ver con corrupción, minería, uso de recursos bancarios, narcotráfico.

Actualmente, en cuatro procesos la institución actúa como acusador particular. Cuando se tengan las sentencias, se sabrán los temas de la recuperación, los montos que se deben pagar, las multas.

Estos casos son el de Iván Espinel, otro que se derivó de Odebrecht, un proceso en Santo Domingo, como delito de usura por lavado de activos y también el caso de un concejal (Eddy Sánchez) del Municipio de Quito.

Al respecto, manifestó que a partir de febrero de 2018, cuando ella asumió la dirección, se cumple con lo que manda la ley, que estaba en vigencia desde 2016, pero no se lo hacía.

Según ella, son 13 sectores los que están obligados a reportar al organismo, entre ellos el sistema financiero (bancos), concesionarias automotrices, notarías, superintendencias de Bancos, Compañías, etc.

Indicó además que cuando se detecta que un dinero ha sido enviado a paraísos fiscales, se inicia un proceso de cooperación o asistencia penal internacional.

Aquí también hay un trabajo conjunto con otras instituciones. Se involucra a muchos actores, como la Cancillería, en donde deben llegar a la negociación o acuerdo a nivel diplomático para traer los recursos.

La funcionaria relató que son varias las tipologías para mover el dinero de forma ilegal. Una de ellas es el mal uso del sistema  bancario, a través de fraccionamiento con el fin de ocultar y no tener que justificar el origen de los fondos ante la entidad financiera. A esto se lo conoce como “pitufeo”. También se utiliza a terceros para que realicen los depósitos o se pone a nombre de otras personas los bienes. (I)