La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Diana Salazar, afirma que su trabajo previo en la Unidad de Lucha contra la Corrupción le permitió liderar la entidad que identifica movimientos financieros ilegales. “Es difícil descubrir el dinero producto del lavado, pero siempre hay cómo seguir esa ruta”, comenta.

Inició sus labores en el organismo en febrero de este año y de momento ya presentó dos acusaciones particulares por supuesto lavado de activos, una contra el excandidato presidencial Iván Espinel, y otra contra la empresa Diacelec por movimientos irregulares en los que presuntamente lavó $ 15 millones de la compañía Odebrecht. “Aquí preparamos la artillería para que la Fiscalía vaya al ataque”, comenta.  

¿Cómo encontró esta entidad?
Encontré una unidad con fortalezas y debilidades. Hemos ido fortaleciendo los ejes que necesitábamos mejorar, como el de la realización de reportes de operaciones financieras injustificadas, la optimización de recursos, la integración de una base de datos y la actualización de licencias tecnológicas para ser proactivos y eficientes.

¿Es un hecho el lavado de dinero?
Hemos identificado casos de lavado de activos relacionados con otros delitos como narcotráfico, contrabando, minería ilegal, y ahora estamos entrando a nuestro eje de acción en el análisis de casos relacionados con hechos de corrupción.

¿A qué casos se refiere?
Por la reserva de ley no  puedo revelar lo que trabajamos, sin embargo se realizan reportes y una vez que los terminemos serán remitidos a la Fiscalía para que a su vez, de considerarlo, inicie la investigación previa y posteriormente reunidos los elementos pueda formular cargos.

¿Pero qué ha encontrado?
Tenemos insumos que advierten de operaciones injustificadas. Personas naturales y jurídicas están cayendo.

¿De  qué cantidad de dinero estamos hablando?
Eso depende de cada caso, no lo podría decir.

Hay estimaciones  de que en el país se  lava un promedio de $ 4 mil millones, ¿esto es cierto?
Eso dicen. El tema es que de manera oficial, por lo menos en la Unidad de Análisis Financiero que ejerce la rectoría en la revisión y ejecución de las políticas para la erradicación del lavado de activos, no se ha tenido una evaluación, por eso iniciaremos un análisis nacional que nos permita tener datos oficiales para presentarlos al país y así conocer la realidad en la que nos encontramos frente al lavado de activos.

¿Quién y cómo harán esta evaluación?
Debemos tener el diagnóstico y luego empezar a atacar. Trabajaremos con el Banco Mundial y la Escuela Politécnica Nacional para que nos ayuden en esta tarea,  que es ardua. También tendremos el apoyo de organizaciones internacionales relacionadas con el tema del lavado activos, porque esto no se ha realizado nunca; además se van a engranar al sistema la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el Servicio de Rentas Internas (SRI), que proveerán de información.

¿El trabajo de la UAFE se contrapone con lo que hace Contraloría?
No, son competencias diferentes. La Contraloría enfoca su ámbito en auditar los fondos públicos y el patrimonio de los funcionarios. Tenemos la capacidad de detectar las operaciones de cualquier persona, sea funcionario público, trabajador particular, personas naturales o jurídicas.

¿Cómo lo detecta?
Tenemos un sistema de reportes a través de un programa informático por medio del cual nos reportan operaciones que pueden ser inusuales e injustificadas, por eso es importante la colaboración del sistema financiero nacional, llámese consultoras, inmobiliarias o concesionarias porque allá van las personas por ejemplo para adquirir una casa o negociar un vehículo. Ellos nos tienen que reportar, nosotros alimentamos nuestra base de datos y hacemos reportes.

Usted presentó una acusación particular en el caso de Iván Espinel, ¿por qué?
El artículo 12 literal G de la Ley Orgánica de Intervención y Detección del Lavado de Activos establece que la UAFE actúa como sujeto procesal en casos en que se ha remitido un reporte de operaciones injustificadas y existe un proceso de lavado de activos vigente desde julio de 2016. En marzo remitimos un reporte de operaciones de movimientos de dinero inusuales a la Fiscalía, sobre irregularidades relacionadas con la adquisición de un bien por parte de Iván Espinel, en Guayas.

¿Hay otros funcionarios o entidades bajo investigación, por ejemplo el exvicepresidente Jorge Glas?
Los análisis que realizamos son reservados; no le puedo decir si hemos realizado eso, pero estamos verificando información de entidades y personas que detectamos que hicieron movimientos de dinero inusual. (I)