Antes de graduarme como abogado en la Universidad Técnica de Ambato (2007) me desempeñé como mecánico industrial. Aún tengo alguna maquinaria y estoy tratando de montar un negocio con ese oficio que aprendí en mi adolescencia. Ahora estoy seguro de que no quiero ejercer la abogacía, porque el proceso que he vivido desde la destitución de mi cargo (juez multicompetente de la parroquia Manglaralto, en la provincia de Santa Elena) ha sido tortuoso.

El tiempo pasa y a pesar de que mi separación del sistema judicial fue injusto, no existen las garantías ni la apertura para que mi caso se resuelva.

Yo fui destituido por error inexcusable.  Esta fue la figura más utilizada por el gobierno anterior para meter las manos en la justicia y destituir a los jueces que no eran sumisos.

Durante dos años y seis meses ejercí el cargo. Cuando me notificaron inicié el proceso de impugnación, el cual es extremadamente lento. Al inicio de esta semana presenté una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo de Ambato, pues yo soy oriundo de esa ciudad. Está previsto que la audiencia preliminar sea en junio de este año. Es decir, tengo que esperar seis meses para conocer qué pasará con mi caso. Después de ese proceso y si mi caso pasa a autos de sentencia también me tocará esperar, quién sabe cuánto tiempo, para contar con un fallo.

Si bien es cierto que el Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador permite que el Consejo de la Judicatura suspenda o destituya a funcionarios judiciales, incluidos jueces, por desempeñarse con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, el Consejo de Participación Ciudadana, en resolución, cesó en funciones al CJ presidido por Gustavo Jalkh y otros cuatro consejeros, a quienes se acusó de interferir en la Función Judicial para beneficiar a instituciones públicas; y que legalmente tenían competencia para declarar el error inexcusable, pues existe norma expresa que otorga esa facultad a los mismos jueces.

Desde mi separación no he ejercido la profesión, pues al ser separado por esa causa, la cual se considera grave, mi reputación como abogado fue afectada. Con el objetivo de precautelar a mis clientes decidí no ejercer la abogacía hasta que se resuelva mi caso. Como yo trabajaba en la Costa, después de mi destitución tuve que volver a mi ciudad natal: Ambato. En la actualidad vivo con mis padres y mis hermanos.

Ellos me ayudan a mantenerme.

Ahora me enfoco en el desarrollo de mi negocio independiente. Gracias a la vida yo aprendí otro oficio, de lo contrario tendría que estar a la espera de los trabajos particulares como abogado de libre ejercicio.

Mi lucha es para que me restituyan en mi cargo y me entreguen las remuneraciones que dejé de percibir desde 2016.

Yo soy parte de la Mesa de Judiciales destituidos.

Esta comisión receptará denuncias de casos similares a través de un formulario que está disponible en la página web del Consejo de la Judicatura: www.funcionjudicial.gob.ec. (I)