En Ecuador 14.912 personas fueron víctimas de robo durante los primeros seis meses de 2019, según los indicadores de seguridad del Ministerio de Gobierno.

La persona que comete este delito es sancionada según la fuerza que emplea contra la víctima.

Por ejemplo, si el asaltante actúa con violencia puede ser condenado a una pena de  entre cinco y siete años de privación de libertad, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Entre las reformas planteadas desde varios sectores a la normativa algunas apuntan a la reducción de las sanciones en contra de los asaltantes que usan violencia, amenazas, solo fuerza en las cosas o sustancias.

En caso de que las nuevas penas se aprueben, no significará solo que los sospechosos pasarán menos tiempo en la cárcel, sino que quienes cumplen sentencias por este delito pueden ser liberados.

El abogado Julio César Cueva explicó que en el artículo 5 del COIP ya consta el principio de favorabilidad.

En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción, consta en la normativa.

Entonces, “si un delito está sancionado con cinco años y la pena baja a tres, los que ya cumplieron ese tiempo pueden pedir por esa figura y la excepcionalidad en la irretroactividad de la ley que se les declare extinguida la pena cumplida”, detalló el jurista.

Diego Tipán, subsecretario del Ministerio de Gobierno, indicó que “unas 5.000 personas podrían salir bajo esta lógica”.

El funcionario manifestó que al adelantar las salidas, los internos rompen su ciclo de rehabilitación y reinserción, por lo que es probable que delincan y vuelvan a ser detenidos.

“Esto significa una pérdida para el Estado ecuatoriano porque hay una inversión. Hemos hecho la advertencia a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea y nos han entendido y esperamos que esto no suceda”.

Tipán destacó que las reformas deben basarse en evidencias científicas y recordó que el COIP se engranó con la asesoría de un equipo de consultores, encabezados por el catedrático Francisco Muñoz, de la Universidad de Sevilla (España), que presentó la dosimetría penal (proporcionalidad de penas).

“Nos preocupa llegar a la asimetría del antiguo código (vigente hasta 2014) donde se sancionaba con la misma pena los delitos de violación y asesinato. Cualquier tipo de reforma merece un análisis del código en su integralidad”.

Agregó que si se reducen las penas el impacto será contra la seguridad ciudadana y manifestó que en caso de que suceda han solicitado un mapeo de identificación de los posibles beneficiados.

Así se conocerán las edades, lugares de residencia, avance de rehabilitación, entre otros datos que permitirán plantear estrategias de control en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados.

Ramiro Mantilla, excomandante de Policía, arguyó que no se deberían reducir las sanciones cuando se pone en riesgo la vida de la víctima.

Sin embargo, precisó que sean penas más altas o bajas lo importante es que las personas cumplan las sentencias y durante ese tiempo encuentren un sistema para rehabilitarse. (I)