La Fiscalía General del Estado concluyó ayer la recepción de versiones libres y sin juramento de 6 de los 10 funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), Contraloría y otras instituciones estatales.

Su llamado se produjo porque fueron mencionados en algún momento durante la instrucción fiscal iniciada por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht.

La mañana de ayer asistieron a la diligencia Mauricio Coronado y Gabriel Gallegos, empleados del SRI, quienes llegaron a partir de las 09:15. A esa misma hora arribó el fiscal Fabián Salazar, quien se encargó de tomar las versiones.

María del Mar Gallegos, representante legal del SRI, señaló que presentaron información técnica sobre un reporte tributario que se encuentra dentro del expediente  fiscal. “El reporte tributario correspondía a Carlos Villamarín, quien no asistió a la diligencia. Sin embargo dimos la versión y colaboramos con la justicia”.

El fiscal Salazar indicó que las otras personas convocadas no asistieron. Sin embargo aclaró que “la instrucción fiscal por este caso se cierra a las 24:00 (de ayer) y en cualquier momento del día podrán acudir los mencionados”.

Uno de los convocados fue Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, quien no acudió a la hora prevista  (09:00).

Mientras que el día sábado arribaron 4 funcionarios de carrera de Contraloría, entre ellos el contralor subrogante Pablo Celi, quien indicó que fue  llamado a pedido de la defensa de Carlos Pólit.

Celi explicó que las preguntas realizadas por la defensa del excontralor versaron sobre los procedimientos y las normativas legales para auditar contratos de la empresa brasileña.

“Se han realizado 33 informes que tienen que ver con temas de Odebrecht. Los informes en la fase conclusiva son suscritos por varias autoridades de la Contraloría; en algunos casos por mí, por las distintas funciones que yo he cumplido. De manera general, le puedo decir que hay diversos tipos de responsabilidad en glosas y otras más, que en este momento no podría especificar”, manifestó.

120 días de investigaciones

“Cerrar la instrucción fiscal significa que solo hasta ayer la Fiscalía podía recabar los elementos necesarios para la investigación”, mencionó Fabián Salazar. 

La instrucción fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico  Integral Penal (COIP), se realiza en un plazo máximo de 120 días.

En un principio, el caso fue investigado por la fiscal Diana Salazar, pero desde que se vinculó a Jorge Glas, vicepresidente de la República, el pasado 9 de agosto, el expediente se encuentra a cargo de Carlos Baca Mancheno, fiscal general de l Estado.

Durante este proceso se vinculó a 18 personas, entre ellas se encuentra Ricardo R., tío del segundo mandatario, quien fue detenido el 2 junio y el excontralor Carlos Pólit, quien está fuera del país.

Respecto a las últimas versiones realizadas el fin de semana, el Fiscal General analizará si incluye o no las mismas en el proceso. (I)