Nicolás tiene 5 años. Un día llegó a casa y le dijo a su madre que le dolía el pene. Cuando Claudia lo revisó se dio cuenta de que estaba rojo y al preguntarle qué había pasado no recibió respuesta. Para aliviarlo y disminuir la hinchazón le aplicó cremas, pero no se quedó tranquila.

“Luego de unos días llegó diciendo que le dolía el ano y al cuestionarlo nuevamente le mencionó: ella me dijo que no le diga a nadie”, relató la progenitora al asentar la denuncia en la Fiscalía del Guayas.

“¿Quién es ella?”, lo interrogó. El niño confesó que la responsable de ambas situaciones era la encargada de la limpieza de los baños de la escuela en la que estudia, en Pascuales, en Guayaquil.

“Por días mi hijo no quiso comer, estaba triste y a la vez huraño. No quería hablar con nadie”, sostuvo la mujer.

Este hecho ocurrió en agosto de este año y, según la ciudadana, la mujer continúa trabajando en el plantel.

Fander Falconí, ministro de Educación, explicó que “los protocolos son claros y cuando una persona está vinculada o es sospechosa de cometer un delito sexual debe ser desvinculada del sistema educativo, sea docente o trabajador de otra área”.

El funcionario indicó que hace 3 semanas se añadió a los protocolos, existentes desde 2014, que ningún implicado en actos ilícitos regrese a laborar en un plantel. “A mí no me asusta la avalancha de denuncias, sino la lentitud para resolverlas. No podemos sacrificar la verdad por el escándalo”, fustigó.

Agregó que para erradicar la violencia hay que trabajar en 4 ejes: prevención, información, sanción y medidas de reparación. Las declaraciones las dio ayer tras firmar un acuerdo de cooperación con representantes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano (ISTB) como parte de la campaña ‘Más unidos, más protegidos’.

Manuel Tolozano, rector del ISTB, indicó que se pondrán en marcha acciones concretas que se aplicarán sobre todo con los estudiantes que cursan la etapa de vinculación con la comunidad. (I)

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Alteración de alimentos fue provocada por factor externo

Fander Falconí, ministro de Educación, detalló que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) determinó que “la contaminación (de los refrigerios) no se produjo en el programa de alimentación escolar, sino por causas externas. Ahora falta el informe del Ministerio de Salud Pública”.

Esto a propósito de la investigación del fallecimiento -por supuesta intoxicación tras ingerir lácteos- de dos alumnas de la Unidad Educativa Mariano Unda, ocurrido el 16 de agosto de este año, en el cantón Naranjal.

El funcionario recordó que luego de los casos se retiró todo el producto del establecimiento como medida preventiva.

Mediante un comunicado, esta cartera de Estado solicitó a la Fiscalía de Guayas que se presenten los resultados de la investigación e indagación fiscal, que incluya el informe médico forense, los peritajes policiales y demás elementos de convicción.

“El Ministerio de Educación se mantiene vigilante del cumplimiento de las responsabilidades institucionales de las entidades involucradas y mantendrá permanente contacto público con la comunidad del cantón Naranjal y la unidad educativa”, consta en el documento. (I)