La emergencia sanitaria que enfrenta el país a causa de la pandemia del coronavirus, ha sido el escenario de nuevos escándalos de corrupción.

Hasta la fecha, al menos 10 hospitales son investigados por presuntas irregularidades en los contratos para adquirir medicinas e insumos médicos  que son utilizados en la lucha contra el covid-19.

De acuerdo con las primeras indagaciones realizadas por la Fiscalía, se presume la existencia de sobreprecios en las adquisiciones, lo que penalmente significa que se ha incurrido en el delito de peculado, del que podrían derivarse otros ilícitos.

El delito y la sanción
Según el Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el peculado se refiere a la malversación del dinero del Estado, es decir, de los fondos públicos y forma parte de los delitos contra la eficiencia de la administración pública.

La sanción para los que cometen esta falta, es prisión que puede ser de 10 a 13 años.

Además, quienes incurran en este delito quedarán incapacitados de por vida para el desempeño de “todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera”.

Para la jurista Matilde de Gómez, el peculado se refiere a la malversación del dinero del Estado. “Es el enriquecimiento indebido de un funcionario público o alguien que está encargado del servicio público, el cual aprovecha su condición para apropiarse del capital”.

Sostiene que el peculado, por lo general, está vinculado en su mayoría con la delincuencia organizada.

Este tipo de corrupción tiene un agravante. Cuando se comete en una emergencia, la pena máxima (13 años) es aumentada en un tercio.

Anomalías en compra de kits
A los escándalos en los hospitales, ayer llegó a la Fiscalía la denuncia sobre la compra de 7.000 kits de alimentos para la emergencia sanitaria que realizó la Secretaría de Gestión de Riesgos, con presunto sobreprecio.

La titular de esta Secretaría, Alexandra Ocles, aseguró que el convenio “se realizó dentro del marco de la ley de Contratación Pública y que se rige al manual de contratación de emergencia”.

Además, añadió que han pedido a la Contraloría que revise el proceso de adjudicación y defendió la transparencia de la adquisición.

Cada kit que se adquirió a un valor de $ 150,82, y que su costo real sería de alrededor de $ 85, tiene 18 productos.

Fiscalía denuncia injerencia
En medio de los hechos de corrupción, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, remitió ayer un oficio al Presidente de la República, donde denuncia injerencia de la Secretaría Anticorrupción en las investigaciones.

Para la Fiscal, las actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica en redes sociales.

El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, aseguró que no es un apoyo para su trabajo la Secretaría mencionada.

Hasta la tarde de ayer, la Secretaría Anticorrupción no se pronunció sobre las críticas recibidas. (I)

10 indagados en casa policial
Tras el allanamiento realizado la tarde y noche del miércoles al hospital Docente de la Policía Nacional No.2, de Guayaquil, a causa de un presunto delito de peculado por el sobreprecio en la compra de mascarillas y bolsas para embalar cadáveres, en el marco de la emergencia nacional, 10 funcionarios son investigados.

Según informó el Comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, el sistema de transparencia, control y supervisión de la institución fue el que permitió emitir las alertas tempranas y se pidió a Fiscalía que investigara el proceso.

Confirmó que fueron llamados 10 funcionarios de la Policía a declarar por estar presuntamente involucrados. “Todo funcionario con debilidades será puesto a las órdenes de la justicia (...) no toleraremos mecanismos corruptos al interior de la institución”, subrayó.

La investigación se desprende de un oficio que envió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de que, según dijo Romo, detectó que en la casa de salud se había generado una solicitud de orden de compra de 400 fundas a un precio de 130 dólares cada una, así como de mascarillas a costos elevados.(I)