Los Estados deben trabajar en conjunto contra la corrupción
Para combatir la corrupción en el ámbito judicial, son imprescindibles los procesos de evaluación, consideró Teresa Almeida, fiscal del Tribunal de Cuentas de Portugal.
Ella participó ayer en el segundo día del seminario de lucha contra la corrupción y delincuencia, organizado en Ecuador.
El Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea y el Consejo de la Judicatura (CJ) estructuraron este evento.
Para Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional de España, es necesario aplicar mecanismos de control para combatir las causas de la corrupción, entre ellas, los problemas generados por el sistema financiero globalizado.
En cambio Patricia Carranco, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, consideró que “los Estados deben trabajar en conjunto para progresar en la lucha efectiva contra la corrupción y el crimen organizado, que no solo afectan a un país, sino a toda la región”.
La vocal del Tribunal Constitucional de España, doctora Ana Belén Alonso, sostuvo que para una lucha efectiva contra la corrupción se requiere tener confianza en las instituciones.
“Creo que están haciendo esfuerzos positivos en Ecuador para erradicar, con el ejemplo desde los propios órganos internos judiciales, esas conductas que puedan ser síntomas de corrupción”, sostuvo.
En torno a los delitos transnacionales, el experto español Sáez señaló que hay que tener conocimientos especializados para combatir los delitos complejos, como el crimen organizado.
Según Carranco, una técnica especial para perseguir delitos transnacionales es conformar equipos conjuntos de investigación entre dos o más Estados. Esto permite intercambiar información directamente.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, afirmó que los operadores de justicia deben especializarse en la investigación para combatir el crimen organizado.
John Game, director contra el Crimen Organizado y sus delitos conexos del Ministerio del Interior, dijo que las dinámicas del delito y la violencia son una amenaza a la seguridad integral. (I)