La Contraloría General del Estado (CGE) leyó la mañana del miércoles 21 de noviembre, el borrador del informe final del examen especial realizado a las operaciones administrativas y financieras llevadas a cabo por el Consejo de la Judicatura (CJ) entre enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.

El acto para dar a conocer el contenido del documento se cumplió en el Auditorio de la Contraloría, en Quito. Estuvieron presentes funcionarios y exfuncionarios de la Judicatura.

Algunos tomaron la palabra y presentaron su defensa. Entre las irregularidades que encontró el organismo de control hay contrataciones que, de acuerdo con el informe, se hicieron sin el debido sustento técnico.

Así mismo, hay equipos y bienes que se encuentran embodegados. Entre los procesos que la CGE auditó se encuentra el de una campaña de comunicación para promocionar los servicios de la Judicatura, que tuvo un valor de $ 2.5 millones de dólares.

Según la conclusión de los auditores, el procedimiento se cumplió sin realizar licitación, es decir se contrató de forma directa a una agencia de publicidad que, según el informe, no cumplía con los requisitos técnicos.

Se observó además el comodato de una máquina dispensadora de café y chocolate cuyo rubro de $ 5.300 pagó el CJ. El informe de la CGE especifica que no existió un sustento legal para contratar el servicio.

De acuerdo con los participantes en la auditoría, los servicios de alimentación son únicamente para oficinas que están en zonas de frontera o áreas rurales.  

De igual forma se examinó la compra de 250 tarjetas chips y 10.000 dispositivos criptográficos (para realizar firmas electrónicas).

De acuerdo con el informe, 9.718 de estos aparatos y 240 tarjetas, cuyo costo fue de $ 500.300, permanecen embodegados. Esto pese a que el Consejo de la Judicatura recibió el material por parte del proveedor, hace 680 días.

En la adquisición de los dispositivos intervino uno de los exfuncionarios involucrados, quien argumentó que los aparatos están fuera de servicio porque la tecnología de expedientes electrónicos no ha sido implementada, a pesar de que la puesta en marcha del proyecto ya había sido contemplada desde 2015.

Otros contratos revisados fueron los de la compra de mobiliario para las unidades judiciales y los de las pólizas de seguros de autos. (I)