Una auditoría ejecutada por la Contraloría General del Estado determinó que el proyecto fallido para la construcción del Mercado Mayorista, fijado en $ 7 millones, no respondió a la emergencia sanitaria por la covid-19, ya que la necesidad de su infraestructura se identificó hace más de 35 años.

Además, pese a que no se contó con disponibilidad financiera, se inició el proceso de contratación.

El informe señaló que la contratista inició la obra sin estar adjudicada y sin haber suscrito el contrato, debido a que se dispuso la ejecución en la fase precontractual y sin documentos de respaldo.

Una situación particular de este caso y que consta en el informe es que en mayo de 2020, Darío Macas, alcalde de Machala, informó que dejó sin efecto la adjudicación y declaró desierto el proceso, "por inconsistencias en el procedimiento de contratación".

La autoridad municipal aseguró en ese entonces, que iniciará un nuevo proceso de contratación para continuar con la obra.

Esta situación ocasionó que los trabajos, a la fecha de corte del examen, se encuentren inconclusos y en proceso de deterioro y corrosión. Además, la construcción careció de estudios técnicos.

Antes de que el alcalde Macas anunciara sobre la nueva contratación, el fiscal provincial de El Oro, Alberto Caivinagua, ejecutó un allanamiento a las instalaciones de la Municipalidad, por orden de la Corte de Justicia.

Dicha diligencia se cumplió dentro de una indagación previa que inició la Fiscalía para recabar sobre la construcción del mercado. El caso sigue en curso.

Otras irregularidades
En otro ámbito, el GAD suscribió dos contratos para proveer de alimentos a familias de escasos recursos, cuyos montos ascendieron a $ 143.330,24 y $ 145.365,48, respectivamente.

La auditoría reveló que los presupuestos referenciales de ambos procesos se elaboraron con proformas que fueron desconocidas por los proveedores que figuraron como sus emisores.

Además, los contratos fueron adjudicados a dos oferentes con actividades económicas distintas al objeto de la contratación.

En uno de estos contratos, se evidenció un pago en exceso de $ 11.081,86, debido a que se cancelaron precios superiores a los establecidos en el mercado. Asimismo, el proveedor presentó documentación sobre su actividad económica que no fue validada por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Por último, en otro contrato, relacionado con la adquisición de plantas y árboles nativos por $ 44.642,88, se habilitaron a dos oferentes que no acreditaron la experiencia específica requerida y, uno de ellos, no cumplió con la actividad comercial afín al contrato. (I)