El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) habilitó el pago de $ 7’611.758,50 a ciudadanos que no cumplieron con las condiciones para recibir subsidios estatales. Esa fue la conclusión de un informe de la Contraloría General del Estado, que señaló que esta situación limitó el acceso de este servicio para otros usuarios en reales condiciones de vulnerabilidad.

Según el documento del organismo de control, las ayudas económicas fueron recibidas por personas que constaban como afiliadas en los distintos sistemas de seguridad pública del país, por individuos que incumplieron con el porcentaje de discapacidad o inobservaron el índice de bienestar social establecido.

En el caso del pago de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, se facultó a usuarios que también se favorecieron del Bono Joaquín Gallegos Lara.

Las anomalías señaladas, responden a que el MIES no contó con una base de datos depurada y validada, considerando información de otras entidades, como el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y, principalmente, del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

El personal que realizó la autoría también alertó que "los responsables no establecieron parámetros para el pago ni emitieron informes técnicos para detectar errores e inconsistencias".

Otro hallazgo reveló que se desembolsaron $ 114.900 de forma injustificada a 2.276 beneficiarios, por concepto de Bono de Desarrollo Humano, pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores. 

Esto, dado que se pagaron mensualidades acumuladas por más tiempo del establecido dentro del mismo año fiscal -4 meses-y se cancelaron valores en exceso al dispuesto para tales subsidios.

Otros hechos sobre cobros irregulares
El informe de Contraloría no es aislado a otros hechos irregulares en torno al cobro del Bono de Desarrollo Humano.

Tal es el caso suscitado el 23 de noviembre de 2020. Susana Martínez, jueza del Garantías Penales de Santo Domingo, llamó a juicio a Wilmer V., Silvia Z., Josselyn P., Melba E. y Ángel V., por su presunta participación en el delito de lavado de activos. La Fiscalía los señaló por presunto cobro del bono.

Los individuos fingieron ser beneficiarios entre 2014 y 2018 para obtener esa ayuda. El monto que cobraron alcanza los $ 5 066 332,44.

Las personas fueron detenidos tras un operativo ejecutado en 2019 en las localidades de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos (Pichincha) y en Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) y procesados por presunto delito de lavado de activos, según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de entre 10 y 13 años de prisión. (I)