A tres años y 17 días de las revelaciones realizadas en forma simultánea en 76 países sobre las cuentas en paraísos fiscales, que personalidades y funcionarios de muchos gobiernos mantenían asesorados por el estudio jurídico Mossack Fonseca, el caso aún sigue latente.

Este hecho, denominado Panamá Papers, fue la pauta para que en Ecuador se inicie una investigación a quienes estuvieron mencionados, entre ellos, Carlos P. Y. (Capaya), exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador.

Se trata del exfuncionario del anterior gobierno más demandado por la justicia y pese al tiempo transcurrido, este no ha sido suficiente para definir la responsabilidad en varios delitos.

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Hasta la fecha ha recibido cuatro condenas por irregularidades que se desprenden de la trama de corrupción en la estatal petrolera. Por cohecho tiene una sentencia de cinco años, asociación ilícita de seis años, enriquecimiento ilícito de 10 años y peculado, 10 años.

Pero eso no es todo, sobre Capaya aún se encuentran abiertas dos instrucciones fiscales; es decir procesos judiciales que están en conocimiento de los jueces. También 28 investigaciones a cargo de la Fiscalía por el presunto cometimiento de diversidad de delitos.

No obstante, está de por medio un acuerdo de cooperación eficaz que suscribió Carlos P. Y., el 8 de septiembre de 2017, con la Fiscalía General del Estado.

A través de este compromiso, el exfuncionario podría recibir beneficios en rebaja de penas en los casos que abrieron en su contra, si es que sus testimonios son comprobables, verificables y aportan al esclarecimiento de las causas.

Miguel Revelo, abogado de Capaya, confía en que este acuerdo será aplicado con la nueva fiscal general del Estado, Diana Salazar, ya que no avanzó con los anteriores fiscales, Carlos Baca, Paúl Pérez y Ruth Palacios.

“Tenemos la convicción de que la nueva fiscal es una persona objetiva y que trabajará de acuerdo a las directrices que ha dicho, objetividad y transparencia”, expresó.

El jurista indicó que solicitaron audiencia con la funcionaria para conversar sobre el tema de la cooperación eficaz de su defendido y para que se ponga en conocimiento de los fiscales inferiores este tema.

“El ingeniero Carlos P. Y. vino a Ecuador, se entregó a la justicia para colaborar y en ese marco esperamos tener resultados favorables”, manifestó.

La próxima sentencia

El pasado 10 de abril de este año, la jueza de Garantías Penales, Ana Lucía Cevallos, dispuso, el inicio de la instrucción fiscal de 90 días, para que en este tiempo la Fiscalía continúe con la investigación de un presunto tráfico de influencias en la Refinería de Esmeraldas.

En este caso que se deriva de la trama de corrupción de Petroecuador son investigados Carlos P. Y., Diego R., Samuel V., Carlos Q., Marcelo C., Franklin S. y Diego T., todos exfuncionarios y funcionarios de la estatal petrolera.

En la audiencia de formulación de cargos realizada en el Complejo Judicial Norte de Quito, el fiscal del caso, Juan Carlos Zúñiga, acusó del presunto cometimiento del delito a todos, excepto a Diego T., sobre quien, dijo, aún hay diligencias pendientes, pero no descartó vincularlo posteriormente.

En su argumentación y luego de presentar alrededor de 25 elementos de convicción, el Fiscal solicitó prisión preventiva para Capaya. Para los cinco restantes medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad judicial competente.

La jueza Ana Lucía Cevallos acogió el pedido y, además, dispuso la prohibición de enajenar bienes por un monto máximo de 12 salarios básicos unificados ($ 4.728).

En el segundo caso que está en instrucción fiscal, el pasado 13 de marzo el juez Iván Saquicela inició esta etapa de 90 días por el delito de peculado, dentro del denominado caso Singue.

Los vinculados son Carlos P. Y.; Jorge G., exvicepresidente de la República; Wilson P., exministro de Recursos Naturales No Renovables; y otros siete exfuncionarios públicos relacionados con el sector petrolero en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). (I)