Diversas denuncias relacionadas con el desvío de fondos públicos motivó, el 10 de julio de 2002, que se iniciara una investigación en contra de empleados de la Brigada del Registro Civil, que funcionaba en la ciudadela La Atarazana, adjunta al Tribunal Electoral del Guayas (TEG). 

Uno de los principales implicados fue Máximo Ezequiel Ramos Maruri, quien, entre el 31 de diciembre de 2001 y el 5 de abril de 2002, se desempeñaba como jefe de esa agencia. Durante esos meses se detectó una serie de irregularidades que dejó pérdidas al Estado superiores a los 11.000 dólares.

¿Pero quién fue el responsable del desvío de esos fondos? Eso se demostró en la audiencia de juzgamiento, en la cual se halló culpable a Ramos del delito de peculado. El Quinto Tribunal de Garantías Penales del Guayas dio a conocer -la tarde del miércoles pasado- que el procesado deberá cumplir una sentencia de cinco años de reclusión mayor ordinaria.

Luego de ser posesionado en su cargo, Ramos encontró en esa agencia lo que comúnmente se considera como la “gallina de los huevos de oro”. Y es que esa oficina era una de las más concurridas por los usuarios del norte de Guayaquil, hasta que a mediados del año 2004 cerró sus puertas por disposición del director nacional de la entidad de ese entonces, Pablo Trujillo.

Diariamente se emitía un promedio de 200 cédulas de ciudadanía y más de 100 partidas de nacimiento. El primero de los documentos costaba dos dólares la primera vez y seis dólares la renovación. Las partidas costaban 0,50 centavos de dólar cada especie, según Registro Oficial Nº 170 del 25 de septiembre del 2000.

Según el estudio realizado el 29 de mayo de 2002 por Margarita Rodríguez, analista de presupuesto del Registro Civil, se detectó un faltante de 11.216,40 dólares por concepto de especies valoradas para renovación de cédulas y cedulación por primera vez, a lo que se sumó la cifra de 259,49 dólares, correspondiente a la emisión de partidas de nacimiento computarizadas.

Algo que marcó un precedente en este caso fue el hecho de que antes de formar parte de las máximas autoridades de la entidad, Ramos era conserje en la Jefatura del Registro Civil del Guayas, ubicada al sur. Ese cargo lo ocupó hasta el 30 de diciembre de 2001.

Administrar la Brigada del Registro Civil podría haber sido una gran responsabilidad para cualquier funcionario público, asignado con base a méritos y capacidades, sin embargo, esa condición fundamental, según consta en el expediente por el presunto delito de peculado que investigó el fiscal de la Unidad de Administración Pública, Juan Martínez, no fue tomada en cuenta al seleccionar a Ramos.

Durante la audiencia de juzgamiento, que se realizó el pasado 27 de enero, luego de cuatro convocatorias fallidas, Martínez manifestó que es cuestionable administrativamente, el hecho de que la oficina de personal de esa dependencia del Estado no haya llevado un registro de las actividades del funcionario, quien ejerció ese cargo  “sin contar con la suficiente experiencia y capacidad”. No obstante, consideró el fiscal, no lo eximía del cuidado y diligencia en el trabajo.

De igual manera, criticó el hecho de que el Departamento de Personal del Registro Civil no haya tenido conocimiento de que Ramos era el titular de esa unidad, en más de 3 meses que estuvo en esas funciones, y que ya no trabajaba como conserje.

Fanny Moncayo, abogada defensora de Ramos, indicó que en el proceso penal, la Fiscalía nunca presentó el nombramiento oficial de Ramos como jefe de esa agencia del Registro Civil y menos un oficio que señale la respectiva destitución del cargo de conserje.

No obstante, Martínez mostró un documento en el que Abraham Dager lo nombraba como su reemplazo provisional, tras su salida de la institución, y agregó que la cuestionada designación se dio a pesar de que Ramos carecía de alguna profesión u oficio inherente a la importancia del cargo que pretendía  asumir.

El caso fue denunciado oportunamente en esa fecha, por lo que la Fiscalía inició la indagación y solicitó un informe de la Contraloría General del Estado, puesto que en temas de peculado es importante para la Fiscalía avanzar en el proceso con ese análisis, el mismo que señaló indicios de responsabilidad penal contra Ramos, quien  está prófugo.

Adicional a los exámenes internos de la Jefatura Financiera del Registro Civil y la Contraloría, la Fiscalía practicó informes periciales contables internos, en los cuales se confirmó dicha actividad ilícita.

El caso estaba suspendido desde 2002 en que dictaron auto de llamamiento a juicio contra Ramos, hasta que la Fiscalía, tomando como base que los delitos de administración pública (peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito) no prescriben y que el procesado puede ser juzgado en ausencia, según la Constitución de la República, gestionó acuciosamente su juzgamiento.