El 12 de diciembre de 2019, a las 13:22, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión ordinaria 101, destituyó al juez multicompetente de Santa Ana (Manabí), Manuel Ruiz Moreira.

La decisión fue adoptada como parte de un sumario disciplinario iniciado el 22 de agosto de 2019 por haber incurrido en “manifiesta negligencia”.

La destitución se produjo el mismo día en que el juez dispuso que Rosa Chalá, exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sea restituida en su cargo.

La Judicatura indicó que la sanción nada tiene que ver con esta resolución del juez. De esa forma, Manuel Ruiz se constituyó en el funcionario judicial destituido número 76 en lo que va del actual CJ, que inició funciones el 29 de enero de 2019.

De acuerdo con los datos oficiales de la Judicatura, el mayor número de funcionarios sancionados con la destitución corresponde a los jueces, con 32. De ellos, 2 eran magistrados de la Corte Nacional de Justicia.

En cuanto a fiscales, llegan a 10 y hay cinco defensores públicos en la lista. El resto son: 1 notario, 8 ayudantes judiciales, 2 asistentes legales, 2 asistentes de fiscalía, 1 secretario de fiscalía, 9 secretarios judiciales, 4 técnicos y 2 coordinadores.

Las infracciones

De acuerdo con la información estadística oficial, de los 76 funcionarios destituidos, 29 son por manifiesta negligencia. Nueve jueces por error inexcusable, 13 funcionarios por abandono de trabajo, mientras que el resto, por diversas infracciones. Todas “gravísimas”, tipificadas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Para la abogada Matilde Quispe, la destitución de jueces y fiscales perjudica al sistema judicial porque atrasa la administración de justicia. Sin embargo, considera que si hay un acto de corrupción comprobado se justifica la sanción del organismo, encargado del control disciplinario en el sistema de justicia.

Lucha contra la corrupción

El Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025  tiene cuatro ejes de acción. En él se han delineado tipos de 12 estrategias, 40 indicadores y 60 planes, proyectos y programas.

El primer eje es la lucha contra la corrupción y, para cumplirlo, se ha solicitado apoyo a diversas instancias del Estado, particularmente a  la Contraloría General. “Somos implacables en el control disciplinario”, dijo la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, en declaraciones a la prensa.

Añadió que la misión de la entidad es depurar a magistrados, fiscales, defensores públicos y notarios que no cumplan con lo establecido en la Constitución y las leyes.

Según la normativa vigente, el sistema disciplinario tiene varios filtros. Los sumarios administrativos se inician con una queja de los usuarios, de funcionarios públicos o de oficio. Esta denuncia se traslada luego al judicial aludido, quien contesta y argumenta su justificación.

Después, la Unidad Disciplinaria elabora un informe técnico interno que pasa por el análisis de la dirección jurídica y los asesores de los vocales del CJ.

Finalmente la denuncia se remite, si el caso lo amerita, al pleno del organismo. El trámite dura ocho meses, pero las autoridades buscan reducir los tiempos. (I)