Desde este miércoles 22 de agosto hasta mediados de diciembre de 2018, el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio trabajará en un informe de cada uno de los casos en los que, supuestamente, existieron abusos de la justicia en la gestión del expresidente Rafael Correa.

Por medio de la Mesa de la Verdad y Justicia se recibirán las denuncias de los casos que, supuestamente, hubo persecución política.

Marcelo Merlo, presidente del CJ transitorio, recordó que Correa se dio el lujo de afirmar que el Estado era él. “Debe ser juzgado por la responsabilidad política de su intervención en todas las funciones del Estado”.

El titular del organismo afirmó que durante 10 años el exmandatario daba órdenes en el sistema de justicia y si un juez o fiscal no aceptaba, lo botaba.

Por eso, instó a la ciudadanía que se presente en el Consejo de la Judicatura y denuncie los casos en los que hubo supuesta persecución política.

La mesa, que fue iniciativa de la vocal Angélica Porras, tendrá la participación de las organizaciones sociales y de la academia. Ellos se encargarán, por ejemplo, de elaborar los mecanismos para enfrentar la persecución política usando el sistema de justicia.

Porras explicó que el informe será entregado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias.

En el caso de la Judicatura podrían devenir sanciones administrativas a los funcionarios del sistema de justicia -del anterior gobierno- que permitieron la intervención en la justicia del exmandatario.  

Los objetivos de la iniciativa, que tendrá la intervención de todos los integrantes del CJ, es documentar e investigar los casos para saber si existió persecución. Asimismo, identificar a los responsables y hacer recomendaciones para que se repare a las víctimas y afectados.

Merlo indicó que entre las acciones por tomar para evitar dichas prácticas está el exigir a la Asamblea Nacional para que se reformen las leyes. En el caso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el titular del organismo busca que se elimine la protesta social como un delito.

Una inauguración acalorada

El auditorio del piso 11 del Complejo Judicial Norte fue el escenario para la concentración de quienes se sintieron identificados como perseguidos políticos. Allí se realizó el lanzamiento de la mesa de justicia.

Sin embargo, en varios lapsos de la cita hubo inconvenientes y gritos: una de ellas la protagonizó el sindicalista Fernando Villavicencio, quien pidió públicamente, y ante las cámaras, que Diego Racines se retire del lugar.

Él fue abogado patrocinador, con Alexis Mera, de las denuncias del gobierno anterior en contra del periodista. “Fuera corrupto, fuera”, gritaron los asistentes.

En la inauguración, que tuvo la asistencia de 200 personas, comparecieron representantes de los casos emblemáticos, como las víctimas del 30 de septiembre (30-S), los sentenciados en los casos “El Gran Hermano”, “Los 10 de Luluncoto”, “Los 3 de Cotopaxi” y “Los 29 de Saraguro”.

Asimismo, Mery Zamora, quien fue denunciada por terrorismo y sabotaje tras el 30-S, anunció que emprenderá en los próximos días una demanda penal en contra de Correa y Galo Chiriboga. (I)

Perseguidos
Labor de la Judicatura
La propuesta que más repitieron los exponentes fue que los jueces y fiscales que ayudaron a Correa deben ser destituidos e inhabilitados de por vida del sistema judicial ecuatoriano. Algunos -dijeron- trabajan en el Consejo de la Judicatura.

4 meses estará instalada la mesa para conocer los casos de persecución en los últimos 10 años.

Contra el tiempo
El principal obstáculo, según Marcelo Merlo, es el tiempo. Para ello, se organizarán grupos de trabajo en el CJ. (I)