En septiembre de este año, el Consejo de la Judicatura (CJ) especializó a más de 200 juezas y jueces en el tratamiento de delincuencia organizada transnacional. Esta capacitación se desarrolló con el apoyo de la Organización Panamericana para el Desarrollo, a través de la Escuela de la Función Judicial.

Esta es una de las actividades que ha realizado el organismo para fortalecer la Lucha contra la corrupción y Fortalecimiento institucional.

Estas acciones se conocieron en el debate general de la Décima Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP-UNTOC), que se realiza de manera virtual.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, indicó este martes 13 de octubre, otras actividades entre ellas la vinculación formal a la Red Mundial de Integridad Judicial, en calidad de centro de entrenamiento.

"Este compromiso nos permite difundir las herramientas de formación provistas por la Red, pero además fortalecer programas de capacitación inicial y continua de nuestros operadores”, indicó.

Respecto a medidas en el marco jurídico, la Presidenta explicó que el CJ solicitó a la Asamblea Nacional la inclusión de la materia de Delincuencia Organizada Trasnacional en el Código Orgánico de la Función Judicial, reforma que fue aprobada y con la cual se podrán crear unidades distritales penales especializadas en el combate contra la corrupción y crimen organizado.

“De esta manera podemos especializar a nuestros operadores de justicia en el tratamiento de delitos cada vez más complejos y de alto impacto social”, sostuvo.

#HOY | La Dra. María del Carmen Maldonado, @PresidentaCJ, participó en la décima sesión de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. #UNTOC20 pic.twitter.com/kOgk4gFeDC

— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) October 13, 2020

Independencia judicial
En su intervención, Maldonado advirtió que el CJ rechaza las amenazas contra el juez Ronald Guerrero, quien lleva la causa se sigue en contra de Jacobo Bucaram Pulley y sus hermanos.

Según informó la Fiscalía, la amenaza habría estado a cargo de tres extranjeros quienes le "dieron" tres opciones: otorgar medidas a Jacobo Bucaram, trasladarlo a una cárcel de Guayaquil o "atenerse a las consecuencias".

"Como Consejo de la Judicatura hemos activado los correspondientes protocolos de seguridad y protección, expedidos en el año 2019. Rechazamos cualquier injerencia contra nuestros jueces", manifestó.

Por último, la Presidenta del CJ consideró que las acciones disciplinarias contra las y los jueces son una medida importante en la lucha contra la delincuencia organizada e indicó que, entre 2019 y 2020 fueron destituidos 100 servidores judiciales, entre ellos, 49 jueces y 14 agentes fiscales. (I)