A base de un informe con indicios de responsabilidad penal y de las denuncias de Fernando Villavicencio y Andrés Paéz, la fiscal subrogante, Thania Moreno, inició la apertura de una indagación previa contra el fiscal general del Estado, Carlos Baca.

El informe fue presuntamente emitido por la Contraloría General del Estado.

Los dos denunciantes solicitaron un acto urgente para investigar un presunto delito de peculado contra el Fiscal, sobre las actividades como presidente de la Comisión 30-S, conformada por el expresidente Rafael Correa en 2013, para investigar los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

De acuerdo con Villavicencio y Páez, los tres integrantes de la comisión 30-S supuestamente cobraron valores, cuando no se contemplaba en los documentos que justificaban el trabajo de los integrantes.

La denuncia se ampara en un informe de la Contraloría de 400 páginas, expuesto a la Fiscalía el 23 de diciembre de 2016, indican los oponentes.

Thania Moreno, quien acogió el pedido, dispuso el inicio de la investigación reservada y ordenó como diligencias iniciales que un capitán de la Policía investigue los hechos y que entregue el primer informe en un plazo no mayor a 20 días, contados a partir del martes último.

También pidió a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) que remita copias certificadas sobre los pagos especiales que hizo la entidad entre septiembre de 2013 y marzo de 2014.

Además solicitó a la Contraloría que certifique si emitió el informe con indicios de responsabilidad penal contra Baca y los dos comisionados.

Otra diligencia dispuesta es la recepción de versión libre y voluntaria de Fernando Villavicencio mañana, a las 09:00, en el cuarto piso de la Fiscalía de Pichincha.

Pidió que se oficie a Alfredo Veintimilla, secretario general de la Fiscalía General, para que informe si recibió en su despacho el oficio del 23 de diciembre de 2016 y anexos, suscrito por Daniel Fernández de Córdova, contralor subrogante, y si lo tiene, remita copias certificadas del documento y anexo en el plazo de 72 horas.

Moreno solicitó que se oficie al Registro Oficial para que remita copia certificada del Decreto Ejecutivo N° 22 del 10 de junio de 2013,  para lo cual otorga un plazo de 48 horas.

Fiscal dice que indagación en su contra carece de sustento
Ayer, en conferencia de prensa en la que no respondió preguntas, el fiscal Carlos Baca dijo que la investigación previa iniciada en su contra por Moreno carece de sustento técnico, procesal y está fundada en un pasquín cuyo origen se desconoce.

Además, no responde a un “propósito judicial”, sino al “cumplimiento de órdenes de oscuros personajes”.

A su criterio, el supuesto informe con indicios de responsabilidad penal fue forjado, ya que el número asignado al documento (37616) del 23 de diciembre de 2016  corresponde a una delegación que hace la Contraloría a dos abogados para que intervengan en una audiencia.

Recordó que para postularse al cargo de Fiscal, en enero de 2017, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le solicitó a la Contraloría que certifique si los postulantes, entre los que se encontraba Baca Mancheno, si tenían algún tipo de indicio de responsabilidad penal, administrativa o culposa, la respuesta fue que no había nada.

Para Baca Mancheno, “es muy evidente que la lucha que ha asumido la Fiscalía General del Estado y el Fiscal General quiere ser empañada por intereses particulares en esconder la corrupción y en favorecer la impunidad”.

Denunció que existen intereses para impedir que él continúe en la lucha contra la corrupción, los cuales “serán develados oportunamente” y anticipó que hay casos de enorme gravedad “donde hay personas potencialmente involucradas con fuero de corte, a las que les resulta incómoda la presencia de un Fiscal que no tiene mancha alguna”.

Sin embargo, en su exposición de alrededor de 22 minutos, Baca, quien estuvo acompañado de sus cercanos colaboradores y personal administrativo, en ningún momento se refirió al cuestionamiento de los denunciantes, de que habría cobrado ciertos valores por el trabajo en la Comisión del 30-S.

Contralor confirma que no hay ningún informe contra Baca
El contralor general del Estado, Pablo Celi, indicó ayer que no existe el supuesto informe de indicios de responsabilidad penal, que habría sido emitido por la entidad a su cargo, sobre el uso de los gastos reservados destinados a la Secretaría Nacional de Inteligencia.

En declaraciones a un canal de televisión, Celi recordó que hace 5 o 6 meses la Contraloría emitió un pronunciamiento e informe ante un requerimiento de la Asamblea Nacional respecto a la supuesta existencia de un informe penal en este campo.

“En aquel entonces se revisaron las bases documentales de la Contraloría y ese documento no consta en los archivos de la Contraloría, no consta en la base documental, que es un requisito fundamental para el análisis de gastos reservados”.

El funcionario anticipó que una vez que reciba el pedido de la fiscal subrogante, Thania Moreno, “analizaré el requerimiento y daré una respuesta con un sustento, en la base legal para el juzgamiento de gastos reservados y con un sustento suficiente en la base documental de la Contraloría General del Estado”. (I)

Según decreto, el trabajo de comisionados era gratuito
Con fecha 10 de junio de 2013, el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, expidió el Decreto Ejecutivo N° 22, a través del cual conformó la Comisión para la investigación de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

Según el documento, el organismo, que estaba integrado por Óscar Bonilla, Diego Guzmán y Carlos Baca, quien lo presidió, funcionara por seis meses prorrogables hasta por igual plazo.

Además, estableció que sus miembros ejercierán el cargo de manera gratuita, sin perjuicio de que les cubran los valores por viáticos, movilizaciones y otros que ellos necesiten para cumplir con la tarea encomendada.

El decreto dispuso que para su trabajo la comisión solicite la desclasificación de archivos, informes y documentos calificados y que su gestión terminaría con la presentación del informe final al presidente Correa y a la Fiscalía. Tras un año de investigaciones y recopilación de información, el 4 de junio de 2014 la Comisión entregó a Correa el informe, en el que ratifica la tesis de un intento de golpe de Estado.

El documento de tres capítulos asegura en la primera conclusión que el 30-S fue “un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional”, y determinaba que hay más de 50 responsables. (I)