A cinco días de que el Ejecutivo envió el veto parcial a las reformas al Código Orgánico integral Penal (COIP) a la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia inició el trámite.

La mañana de este miércoles 23 de octubre se instaló la reunión para conocer el contenido de la objeción. 

La presidenta de esta comisión legislativa, Ximena Peña, indicó que en primera instancia se conocerán las objeciones por inconstitucionalidad para enviar un informe a la Corte Constitucional. Luego se conocerán las otras objeciones, pero el tramite será ágil, anticipó Peña. 

El primer punto en ser abordado en esta reunión es el veto del comiso sin sentencia. El asambleísta Henry Cucalón dijo que es la ocasión para profundizar en el tema.

El martes, la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, explicó que lo propuesto por la Asamblea fue vetado, puesto que procesalmente tiene ciertas limitaciones y se aplica (el comiso) en la última etapa del proceso penal.

"Nosotros proponemos que a través de la incautación pueda hacerse lo más rápido posible", apuntó Pesántez. Además, dijo, no se aplica para todos los delitos, "esto no nos ayuda a hacer la lucha que necesitamos contra la corrupción".

"Respetamos el debido proceso, pero determinando el destino de los bienes comisados", acotó. 

En rueda de prensa ayer, Pesántez destacó las normas para sancionar a los delitos que tienen mayor incidencia en el país. Por ejemplo: los  robos, violencia sexual, el  asesinato y secuestro.

Para estas infracciones, explicó la funcionaria, se contemplaron importantes ajustes, que en el documento del Legislativo no constaban.

La Secretaria Jurídica también destacó el veto que hace referencia a la tenencia de armas blancas. Ella sostuvo que ahora la Fuerza Pública tendrá la atribución de retirarlas para evitar el cometimiento de otros ilícitos que pongan en peligro la vida de los ciudadanos.

Mientras tanto, para el asesinato se contempla un aumento de la pena a través de agravantes relacionadas con aprovecharse de las condiciones personales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación.

Pesántez dijo que también se considerarán como agravantes, cuando la infracción sea cometida contra cualquier servidor de la fuerza pública que se encuentre cumpliendo sus funciones.

De igual manera, cuando se cometan agresiones, en medio de una conmoción social sobre bienes patrimoniales o en contra de cualquier funcionario que brinde servicios. Esto incluye a periodistas, médicos y personal de asistencia humanitaria, para así prevenir lo que ocurrió en las últimas protestas. 

La sesión de la Comisión de Justicia se desarrolla con la presencia de 10 asambleístas y es grabada en audio y vídeo. (I)