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El Estado analiza pedir $ 200 millones de indemnización a Odebrecht

Comisión legislativa estudia convocar a Rodas

Los ediles quiteños coinciden en que deben conocer periódicamente sobre los procedimientos judiciales.
Los ediles quiteños coinciden en que deben conocer periódicamente sobre los procedimientos judiciales.
Foto: Mario Egas / EL TELÉGRAFO
16 de junio de 2017 - 00:00 - Redacción Ciudadanía

El bloque de concejales de Alianza PAIS (AP) mostró su preocupación por el allanamiento realizado el miércoles a las oficinas de la empresa municipal Metro de Quito por parte de la Fiscalía.

En rueda de prensa, el edil Carlos Páez cuestionó que la metodología empleada hace presumir falta de colaboración del Cabildo en la investigación iniciada en enero sobre posible corrupción en la relación de Odebrecht con el proyecto.

Esta versión fue respondida por el procurador (abogado) municipal, Gianni Frixone, cuando se abordó el tema en la sesión de Concejo.

Frixone argumentó que un allanamiento no implica necesariamente una acción de fuerza, sino que es una de las opciones de recolección de datos que se tiene. No obstante, concejales de varias bancadas mostraron su preocupación por la imagen que genera sobre el proyecto el allanamiento.

Renata Moreno (SUMA-VIVE), del bloque del alcalde Mauricio Rodas, recomendó que para evitar que acciones como la de anteayer generen interpretaciones se comunique de forma permanente sobre las acciones de la Fiscalía.

Soledad Benítez (AP) propuso que este procedimiento se realice de manera periódica, mensual, trimestral o semestralmente.

La también representante de AP Luisa Maldonado planteó que la Fiscalía centre sus indagaciones en los últimos tres años del proyecto, período en el que se abrieron las ofertas y se adjudicó el contrato de la obra.

Las propuestas económicas de los cuatro consorcios finalistas fueron conocidas en junio de 2014, a partir de lo cual se estableció diferencias a partir de los $ 500 millones entre el presupuesto referencial y las ofertas presentadas.

El Cabildo decidió, entonces, contratar un crédito para cerrar el hueco presupuestario y firmó el contrato en noviembre de 2015.

Comisión de Fiscalización espera respuestas de Rodas

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional estudia llamar al alcalde Mauricio Rodas para que explique detalles de la adjudicación del proyecto del Metro al consorcio Acciona-Odebrecht.

Los alcaldes no son sujetos de control político de la función Legislativa, por lo que el llamado del organismo sería una invitación y la comparecencia depende de la voluntad de Rodas.

Voluntad que este mostró la noche del miércoles cuando aseguró en una rueda de prensa estar dispuesto a acudir a cualquier instancia a la que sea convocado.

La decisión de llamar o no al alcalde se tomará en la próxima sesión del órgano legislativo. Entre tanto, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, pidió que el alcalde responda a las preguntas enviadas hace meses sobre los viajes realizados por Rodas y allegados a él a Brasil en 2014.

Esta denuncia originó la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre el Caso Odebrecht y Metro.

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, anunció en una entrevista hecha pública por la agencia Andes que la entidad calcula en $ 200 millones el costo del perjuicio causado por la empresa brasileña al país.

Ese sería el monto que reclamará el Estado a la firma como indemnización, de acuerdo a un informe remitido por el SRI a la Procuraduría General del Estado.

El cálculo se hizo en base de controles realizados a la empresa. (I)

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Odebrecht dice que sigue en las obras del Metro

La constructora Odebrecht aseguró, en una carta enviada a este diario, que “las obras (del Metro) son ejecutadas de manera solidaria e indivisible” por la firma brasileña y su socia, la española Acciona.

La comunicación, firmada por Mauro Hueb (apoderado de la empresa), responde a la nota publicada el 11 de junio bajo el título “Acciona construye sola el Metro desde hace ocho meses”.

La empresa apunta que “hasta la presente fecha, tal estructura de consorcio no ha variado en forma alguna y sigue siendo responsable por la ejecución de las obras del Proyecto Metro de Quito Fase II”.

La firma añade que funge como líder en los trabajos.

Aunque los miembros del consorcio pidieron a la Alcaldía de Quito su disolución en octubre pasado, el procedimiento no se completa aún. E incluso Odebrecht ha manifestado su interés en permanecer en el proyecto.

Pero la nota hacía referencia a datos hechos públicos por funcionarios de la Alcaldía. El 4 de mayo, por ejemplo, el gerente de la empresa Metro de Quito, Mauricio Anderson, dijo al Concejo que la firma española había sustituido a personal de Odebrecht en puestos clave y que el software administrativo estaba en manos de la firma europea. (I)

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