La Comisión de Justicia de la Asamblea convocará para la próxima semana a Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) o su delegado.
La convocatoria tomó en cuenta el pedido del legislador Franklin Samaniego, durante la sesión virtual 067 que se desarrolló este miércoles 8 de abril de 2020.

El asambleísta expuso la necesidad de conocer de manera urgente la situación por la que atraviesan las personas privadas de libertad, especialmente de aquellas que padecen enfermedades catastróficas, embarazadas, adultos mayores y con discapacidad, a propósito de la emergencia sanitaria por el covid-19.

Los miembros de la Comisión coincidieron que es imperativo tener información específica de posibles contagios de coronavirus en los centros y las medidas implementadas para proteger a toda la ciudadanía inmersa en el sistema.
Según información difundida por la Asamblea, Ximena Peña, presidenta de la mesa legislativa, anunció que ya solicitó al SNAI información sobre las acciones y directrices de prevención adoptadas frente a la pandemia en todos los centros.

También solicitó el número exacto de cada segmento de la población carcelaria en condición de discapacidad, embarazos, enfermedades con alta complejidad; detalle del presupuesto que se maneja para enfrentar la emergencia; capacidad y situación instalada respecto al personal médico, insumos e infraestructura para el aislamiento de posibles contagios.

Medidas no privativas de libertad

En la rueda de prensa virtual difundida esta mañana, María Paula Romo, ministra de Gobierno, reconoció que el sistema penitenciario ecuatoriano "está por encima de su capacidad instalada" incluso antes de la crisis.

Por ello indicó que muchos de los dictámenes que se están tomando son medidas no privativas de libertad. "En todos los casos y en todas las detenciones las personas son puestas a órdenes de jueces", reiteró.

Romo advirtió que a pesar de la emergencia por la pandemia, la justicia no ha dejado de funcionar. "Tenemos funcionando juzgados penales, juzgados de violencia, juzgados de flagrancia y todas las garantías del debido proceso están presentes", expresó.

La ministra recordó que las medidas no privativas se están privilegiando y por eso se crearon las multas para evitar los riesgos de contagio por aglomeración.

Información del Consejo de la Judicatura

La presidenta de la Comisión también indicó que dirigió una carta al Consejo de la Judicatura, en la que pide aclarar las razones por la cuales no se estaban cumpliendo las audiencias telemáticas. Esto recogiendo la inquietud de la Defensoría Pública, jueces y fiscales, a pesar que había una resolución del propio Consejo.

Comentó que es necesario conocer, además, las medidas que se han dispuesto para precautelar la integridad de los operadores de justicia, defensores públicos, fiscales y partes procesales en el marco de la emergencia. (I)