El pánico por ir al colegio fue la principal alerta que tuvieron los padres de Dennis y Sebastián. Ambos son alumnos del colegio Militar, en el norte de Quito.

Dennis cursa la primaria, mientras que Sebastián ya se encuentra en el bachillerato. No son hermanos pero ambos enfrentaron el mismo dolor al ser víctimas de acoso.

El caso más difícil es el de Dennis, de 8 años, quien sufrió de acoso sexual aparentemente por varios alumnos de ese colegio. Según contó el menor a una psicóloga, los estudiantes le ultrajaban en una bodega del plantel.

Los problemas empezaron en 2017 y se agudizaron a inicios de este año, cuando Dennis cayó en un cuadro alto de depresión. Pidió no volver a ese colegio. En ocasiones regresó golpeado.

Según la abogada Jéssica Jaramillo, los padres denunciaron el hecho a las autoridades, pero estas no hicieron nada. En vez de sancionar las presuntas “prácticas ofensivas” que recibía por otros chicos, los docentes les dijeron a los padres que lo traten por su “hiperactividad”. 

Jaramillo indicó que jamás se activó la Junta de Resolución de Conflictos en el colegio. Tampoco recibieron apoyo del distrito 5 del Ministerio de Educación.

En su lugar, la Junta de Protección de Derecho solicitó medidas de protección al menor en abril de este año, en donde dispuso que el chico reciba clases asistidas en su casa hasta que pueda ser enviado a otro establecimiento educativo.

La subsecretaría de Educación facilitó que reciba las clases en su casa. Sin embargo, en el colegio, según Jaramillo, se filtró la identidad del menor y, mediante un comunicado, las autoridades señalaron que los padres buscaban desprestigiar al plantel.

Desde 2017, Dennis tenía miedo de ir a clases e ingresar a la escuela. Muchas veces se quedaba afuera y no entraba  por el pánico que sentía hacia sus agresores.

Los padres de Dennis a principios de este año presentaron una denuncia por abuso sexual. El proceso se encuentra en investigación previa. Jaramillo cree que se debe investigar a las autoridades y responsables de Consejería Estudiantil, y también a los estudiantes.

El sufrimiento de Sebastián
Humillaciones, acoso y mensajes ofensivos en su celular recibió en más de una ocasión Sebastián. Fue el mejor alumno de su clase, pero desde inicios de este año empezó a sufrir en silencio. Hasta que luego de una fuerte crisis rompió el silencio y contó sus miedos.

Sus agresores eran chicos de entre 12 y 15 años, y por más que denunció el hecho a sus profesores y autoridades, jamás hicieron nada. Ahora recibe clases en su casa.

Las jerarquías del Ejército  podrían estar impidiendo que las autoridades del colegio actúen en estas denuncias. Por ello, Jaramillo calificó como un “gran problema” a las jerarquías educativas que, a su criterio, deben revisarse. “¿Cómo puede sancionar un sargento a un hijo de un oficial?”, cuestionó la abogada, quien cree que la educación jerarquizada es “injusta” y debe revisarse.

Los padres de Sebastián también realizaron varias denuncias verbales y escritas a las autoridades del plantel. Pero también, la respuesta fue la misma: silencio.

Por ello, el pasado 26 de abril, la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la zona La Delicia, amparada en el “bien superior del menor de edad” solicitó la suspensión inmediata del rector del plantel.

También se creó una comisión interventora con la disposición de que se analice la situación de la institución.  Pidieron una investigación “urgente e inmediata”.

Esta comisión interventora está integrada por autoridades del Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, de los Consejos Nacional por la Igualdad de Género, además de Niñez y Adolescencia.

Esta entidad señaló que el accionar de las autoridades y personal de la institución fue negligente y que no se acataron los protocolos emitidos desde la autoridad rectora.

Consideraron que los hechos pudieron prevenirse y ser abordados de una forma “adecuada, a fin de que prevalezca  el interés superior de los niños y adolescentes”.

La violencia estructural

Según Sybel Martínez, vicepresidenta de ese Consejo de Protección de Derechos, la comisión interventora pidió  la semana pasada una entrevista con los funcionarios del Distrito 5 del Ministerio de Educación para conocer la situación en el colegio.

Esperan saber si existieron otros casos similares como los de Dennis y Sebastián y cuál fue la actuación que tuvo esa dependencia, así como el Ministerio de Educación.

Sin embargo, Martínez sí considera que existieron “negligencias del rector” y por ello lo suspendieron del cargo.

A criterio de la vicepresidenta de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos, los dos casos denunciados por Jaramillo “dan viva cuenta” de la vulneración a estos estudiantes.

Pero agregó que no serían los únicos hechos en donde se evidencia que no actuó la autoridad. Por ello considera que la violencia es estructural y “estaba mal manejada en este colegio”.

El año pasado, una niña denunció que su docente le cortó el cabello y le dijo que si quería ir a clases debía hacerlo con peluca.

Sobre esta denuncia, se realizó un informe por pedido de la Junta de Protección de Derechos y allí se midieron los índices de violencia en la institución.

El informe ya está en manos de las autoridades del Ministerio de Educación y de la Comisión Interventora para su aplicación.

En las instituciones militares tampoco es el primer caso. En 2016, Michael Arce presentó una denuncia por el delito de odio. Arce fue cadete de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) en 2011, con la aspiración de convertirse en el primer general negro de Ecuador.

Pero, el teniente instructor encargado de enseñarle los rudimentos de la disciplina militar lo sometió a una serie de prácticas racistas y humillantes.

Según Martínez, la violencia en los establecimientos educativos del país es alta. Constantemente miden los índices de agresividad en toda la comunidad educativa y  han detectado violencia de todo tipo: entre pares (física, verbal y sexual), de estudiantes a docentes y de docentes a estudiantes.

Este Diario solicitó información sobre el caso al Ministerio de Educación, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta. El rector del plantel por ahora cumple con tareas administrativas.

Los insultos, burlas y daño físico se registran en el 70% entre los estudiantes de ese colegio. Mientras que el 40% de alumnos reveló ser víctima de acoso. (I)