La situación legal del extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en el gobierno anterior, Pablo R., se complica. A ocho días de haber sido extraditado desde España aún sigue en el Centro de Detención Provisional de Pichincha (CDPP) y en espera de que se atienda su pedido de ser trasladado a la cárcel 4.

Mientras tanto, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está por resolverse la reactivación de los dos juicios pendientes contra el funcionario del anterior gobierno.

El uno por el secuestro al político Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012 en Bogotá-Colombia; y el otro por el delito de peculado, en el caso Caminito.

Pero las penas son diferentes: por el secuestro o plagio la sanción máxima es de 7 años de cárcel, mientras que por peculado la pena puede llegar hasta 13 años.

En qué consistió el caso Caminito

La investigación fiscal se inició con base en un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, resultado de un examen especial realizado a la Senain entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013.

En este se señala un aparente uso inadecuado de fondos públicos pertenecientes a gastos especiales para ejecutar la operación encubierta denominada Caminito.

Según el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, con la operación se planificó obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenía datos de las Fuerzas Armadas, CNJ y otras entidades estatales, además de claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado.

Como resultado de las indagaciones se determinó la falta de justificación en el pago a un informante conocido como “El Ruso”, de quien no se ha podido verificar su existencia. Además, no presentó un producto final sobre el requerimiento. Este hecho habría ocasionado un perjuicio para el Estado por $ 162.582.

El informe de Contraloría determinó que se realizó un pago al ciudadano español Eduard Soler por $ 41.500 por concepto de compra de información y, por tanto, él sería el “Ruso”.

Los pagos se realizaron en Montevideo, Uruguay, pero resultó que Soler no existe y ello fue certificado por la Embajada de España.

Hay indicios de que el pasaporte que sirvió como identificación de la persona que recibió el dinero en calidad de informante no es real. Por lo tanto no existe la certeza de que el monto entregado a cambio de la información de carácter secreta que motivó la realización de la operación Caminito tenga el debido sustento, considerando que no se han evidenciado resultados.

Juicio en espera desde octubre

En la audiencia preparatoria de juicio realizada el lunes 21 de octubre de 2019 el conjuez Richard Villagómez resolvió llamar a juicio a Pablo R.

Además a su exasesora Cecilia S.; Jorge G., excoordinador general de Contrainteligencia; y Juan L., excoordinador general de Gastos Especiales de la Senain. Ellos serán procesados como autores del delito de peculado en el denominado caso Caminito, mientras que el quinto implicado, Walter O., exagente y mensajero, deberá enfrentar el proceso como cómplice.

Para Pablo R., el conjuez ratificó la orden de prisión. Para los cuatro restantes ordenó que se mantuvieran las medidas cautelares de prohibición de salida del país, presentación periódica ante autoridad judicial y prohibición de enajenar bienes por un monto de hasta $ 162.000.

Carlos Manosalvas, abogado de Juan L., afirmó estar inconforme con la decisión del conjuez y anticipó que durante la etapa de juicio demostrará la inocencia de su cliente.

Stalin Oviedo, abogado de Pablo R., dijo que tanto este juicio como el del caso Balda le preocupa porque hay fines políticos y reveló que el abogado del expresidente Rafael C., Fausto Jarrín, lo ayudará en la defensa de Pablo R. Aseguró que la vida de su cliente corre riesgo. (I)