Tras una audiencia que duró alrededor de 15 horas la jueza de Garantías Penales, Ana Lucía Cevallos, resolvió llamar a juicio a seis personas.

El exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y. (Capaya), Diego R., Samuel V., Carlos Q., Marcelo C. y Frankie S. fueron acusados de autores del delito de tráfico de influencias en el caso Petroecuador.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que concluyó la madrugada de este viernes, el séptimo de los procesados, Diego T., fue condenado a 20 meses de cárcel.

Además, la jueza le impuso el pago de una multa de ocho salarios básicos unificados ($ 3.152), pago de una reparación integral a Petroecuador de $ 1,6 millones y pedir disculpas públicas.

Él es el único sentenciado porque se acogió al procedimiento abreviado.

Para Capaya, este es el sexto llamado a juicio que enfrenta por un hecho de corrupción relacionado con el tema Petroecuador. 

De los seis llamados, en cuatro ya se han dictado condenas: por cohecho (5 años), asociación ilícita (6 años), enriquecimiento ilícito (10 años) y peculado (10 años).

Los pendientes son por el caso Singue por el delito de peculado y este último de tráfico de influencias.

Pero eso no es todo. Sobre Capaya aún están abiertas 28 investigaciones a cargo de la Fiscalía por el presunto cometimiento de diversidad de delitos.

No obstante, está de por medio un acuerdo de cooperación eficaz que suscribió Carlos P. Y., con la Fiscalía General del Estado, el 8 de septiembre de 2017.

A través de este compromiso, el exfuncionario podría recibir beneficios en rebaja de penas en los casos que se abrieron en su contra.

Para ello sus testimonios deben ser comprobables, verificables y aportar al esclarecimiento de las causas.

Miguel Revelo, abogado de Capaya, confía en que este acuerdo será aplicado con la nueva fiscal general del Estado, Diana Salazar, porque con los anteriores fiscales, Carlos Baca, Paúl Pérez y Ruth Palacios, no se avanzó.

Recordó que Carlos P.Y. “vino a Ecuador, se entregó a la justicia para colaborar y en ese marco esperamos tener resultados favorables”.

El tráfico de influencias
Según el fiscal de la causa, Álex Cevallos, los procesados cometieron el delito de tráfico de influencias conforme lo detalla un informe de indicios de responsabilidad penal de Contraloría.

La investigación indica que hubo tres contratos complementarios entre Petroecuador y la empresa Legadoil para la provisión de servicios, materiales y suministros para la Refinería de Esmeraldas.

Estuvieron alejados del contrato principal y cuya necesidad no se justificó.

El Fiscal dijo que este proceso contractual incumplió la normativa del Sistema de Contratación Pública, pues los nuevos servicios no fueron a causa de imprevistos en la contratación principal.

Por esta razón, lo que correspondía era un nuevo proceso contractual.

A esto se suma que el complementario fue firmado después de concluido el contrato inicial, lo cual también está en contra de la ley.

Añadió que se lo efectuó a través de contratación directa, por régimen especial por giro específico de negocio, habiendo invitado a una sola empresa sin que exista documentación que acredite su experiencia.

Esto tampoco permitió contar con otras ofertas económicas para analizar la más conveniente a los intereses de la empresa.

En la primera parte de la audiencia se tramitó el procedimiento abreviado, que resultó en la sentencia de Diego T., exsubgerente de operaciones de la refinería.

Esto, porque se demostró que este ciudadano fue quien hizo el requerimiento y luego firmó la adjudicación de uno de los contratos. (I)