Carlos P. Y., negó que haya cometido o participado en alguna actividad delictiva. Así lo manifestó ayer, durante la audiencia de juicio por el presunto delito de delincuencia organizada en Petroecuador.

La audiencia se efectuó en la tarde y su testimonio duró 1 hora con 15 minutos, ante un tribunal penal integrado por los jueces Silvana Velasco, Marcelo Narváez y Galo Rumiguano.

El exfuncionario destacó la importancia de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas para la economía del país y que los contratos más grandes para la obra fueron suscritos entre 2008 y 2009.

Explicó que los contratos no fueron decididos por los gerentes sino por los directorios, luego de un largo proceso en donde intervienen más de 12 personas, en las fases jurídica, precontractual y contractual y una vez firmados corresponde al fiscalizador y al administrador la vigilancia.

Frente a los jueces y junto a su abogado defensor, Reinaldo Zambrano, Carlos P. Y. indicó que entre 2011-2015, en que presuntamente se cometió el delito de delincuencia organizada, el gerente general de Petroecuador era Marco C.; gerente de refinación, él, y subgerente de operaciones, Diego T., todos procesados.

“Jamás Marco C. me pidió que beneficiase a algún contratista y tampoco Diego T.”, dijo, al señalar que tampoco Álex B. (quien ya fue sentenciado en este caso) se acercó para algún tipo de concertación.

Además aseveró que desde el 20 de julio de 2015, cuando Marco C. renunció a la gerencia de Petroecuador, no volvió a verlo sino en esta audiencia de juicio: “ni siquiera en la cárcel nos vimos”.

“Nunca he ido a la casa del ingeniero Marco C., o del ingeniero Diego T., o de Álex B., ni siquiera los he ido a dejar”, enfatizó. Respecto a la offshore, dijo conocer de su existencia por la prensa, y luego Álex B. le regaló la empresa, fue entonces cuando supo de los manejos económicos que se llevaban a través de esta offshore.

“Llamé a Álex B. para que me diera explicaciones, pero siempre me daba evasivas”, aseguró. Carlos P. Y. denunció ser víctima de persecución luego de dar a conocer los denominados ‘CapayaLeaks’, en donde se refería a las presuntas irregularidades cometidas por los entonces contralor Carlos P., y el fiscal General, Galo Chiriboga. (I)