Sucre-San Vicente.-

A lo largo de la playa de Canoa, las mañanas son tranquilas. Hay quienes se dedican a trotar al pie del mar mientras pescadores de la localidad llegan a la arena con la pesca de la madrugada.

Entre la conversación de los pescadores salta el tema del narcotráfico, que no ha afectado a Canoa precisamente, pero sí a sectores aledaños, como Cabo Pasado, una zona de difícil acceso, media hora al norte, en la que en los últimos meses la Policía Nacional realizó decomisos de 2,6 toneladas de cocaína.

Uno de estos hombres de mar, que solo se identifica como Carlos, asegura que toda la red de narcotraficantes está conformada por personas de otros sectores, incluidos quienes realizan los fletes.

“Muchos de ellos son pescadores como nosotros, pero se dejan engañar con que les van a arreglar la vida; y eso es mentira, los utilizan por un tiempo y después los amenazan con que los van a matar”.

Otro de los faenadores que es parte de la charla es Jorge; entre bromas, ambos reconocen que no son nombres reales. Nadie quiere dar mayores datos, por temor a represalias.

Jorge cuenta que en un traslado de droga hasta Centroamérica un pescador puede obtener hasta $ 10.000. “Pero antes era más, pagaban hasta 30 lucas ($ 30.000). Si me venían a decir a mí, yo aceptaba de una”, afirma riéndose. Pero luego, ya con cabeza fría, añade: “De aquí nadie se ha metido en esos negocios, hemos escuchado que hay gente proponiendo, pero nada más”.

Carlos cuenta que en los primeros días de junio (cuando la Policía decomisó 1,8 toneladas de droga) encontraron a unos militares con traje de camuflaje que estuvieron en Cabo Pasado realizando vigilancia para ver cómo se desenvuelve el narcotráfico desde el lugar.

“Unos días después se dio la noticia de la captura de la droga, esos militares nos contaron que pasaron varios días ahí sin agua, pero cumplieron una buena labor”.

El teniente de Navío Christian Ordóñez, capitán del puerto de Bahía de Caráquez (cubre desde el cantón Sucre al sur hasta Pedernales al norte), expresa que, en muchas ocasiones, personas vinculadas a la red de narcotráfico se acercan a los pescadores y en primera instancia les ofrecen grandes cantidades de dinero que pueden llegar hasta $ 80.000 para transportar la droga desde puntos de la costa ecuatoriana hasta Centroamérica.

“Cuando un pescador se niega a trabajar con ellos, los extorsionan, les dicen que van a matar a su familia; y los pescadores, en vez de denunciar este hecho, se van en un viaje que les puede costar su vida”.

Ordóñez acota que una de las modalidades para el transporte de la droga es cogerla en puerto y llevarla en lanchas, utilizados para pescar, hasta Centroamérica, con paradas en altamar para abastecerse de combustible de barcos más grandes, que en ocasiones pueden ser pesqueros, tipo atuneros.

En una fibra, utilizada para pesca artesanal, pueden entrar hasta 800 kilos de cocaína. Regularmente viajan 3 personas en la embarcación, que es a 2 motores y llevan combustible para 300 millas.

El viaje hasta Centroamérica (600 millas aproximadamente) es de entre 4 y 5 días en una de estas fibras, que avanzan a una velocidad promedio de 25 nudos. “El narcotráfico emplea mucha extorsión y las personas se ven obligadas a participar en el delito, todo por no denunciar”.

Para el regreso, cuando se complica la salida desde Centroamérica por mar, explica Ordóñez, las personas implicadas botan el motor cuando saben que están cerca de otro embarcación y dicen que son náufragos, que fueron víctimas de ladrones y que necesitan llegar a tierra. Una vez que lo hacen, ponen la denuncia del supuesto robo y acuden a la embajada para que los envíen de vuelta al país.

“Cuando ellos (los dueños de lanchas) logran hacer el trabajo y retornan al país, no les pagan nada y como ya están amenazados les toca volver a hacer otro flete con droga”.

Dentro del modus operandi de los narcotraficantes está el denunciar ante las autoridades a quienes les han hecho trabajos de traslado para que los detengan. “Cuando ya han utilizado mucho a una persona para sus negocios ilícitos, los mandan con una carga pequeña y ellos mismos se comunican con la Policía y ponen la denuncia, para que los apresen. El pescador siempre sale perdiendo, hay gente que ha desaparecido”.

El capitán indica que el narcotráfico se ha desbordado en la provincia. “En nuestra área (170 kilómetros, desde Sucre hasta Pedernales) hay puntos críticos, como Punta Bellaca, Chirije, Pajonal, Cabo Pasado y Cojimíes, principalmente localidades lejos de las ciudades y que tienen una gran zona montañosa alrededor, lo que dificulta la labor policial para encontrar los puntos exactos donde guardan la droga”.

La labor del personal de la Capitanía del Puerto de Bahía de Caráquez se limita al mar.

En lo que va del año no han registrado detenciones en el océano, pero Ordóñez asegura que los patrullajes son constantes. “No por el tema del narcotráfico, sino también por los robos a los pescadores y los recorridos de rutina para verificar que no haya inconvenientes en nuestro espacio”.

En el área norte de Manabí hay 3 retenes navales para un mejor cuidado de la zona, además de la Capitanía que está en Bahía. Los destacamentos están ubicados en Pedernales, El Matal y San Jacinto.

“Las detenciones de embarcaciones con droga en el mar se dificultan debido a que todo se conjuga a favor de quienes se llevan el estupefaciente. Los radares solo tienen un alcance de 25 millas y nuestro límite de vista es de 8 millas; la operación marítima es bastante complicada”.

El subteniente Paúl Briceño, subjefe del Distrito Sucre-San Vicente, expresa que las playas de la costa norte de Manabí son un punto de traslado de la cocaína. “En las últimas intervenciones (junio y julio) el GOE encontró droga enterrada, encaletada y se la decomisó”.

Destaca que hasta el momento no se han encontrado pescadores de las localidades cercanas a Canoa vinculados al narcotráfico. “Como Policía Nacional, nosotros realizamos los patrullajes de rutina, además de los operativos sorpresa. El GOE cae cuando las personas menos piensan y dan el golpe”.

Briceño manifiesta que en el Distrito Sucre-San Vicente hay 92 policías, pero hay un déficit de miembros policiales para cubrir todas las necesidades de la ciudadanía. (I)

En el último operativo realizado en Cabo Pasado, en julio de este año, se encontraron 24 sacos de yute enterrados a pocos metros de la playa. Foto: Cortesía