Ecuador, con un 51,90%, se encuentra en el primer puesto de América del Sur en cuanto a índices de confianza en la justicia. Así lo establece el informe 'La cultura política de la democracia en las Américas 2016/17', del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).

El estudio fue difundido la mañana de este martes, 24 de octubre, durante el encuentro 'Mesa de Justicia', en presencia de las dignidades del sector.

De acuerdo con información difundida por el Consejo de la Judicatura (CJ), el documento fue elaborado por la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, que evaluó en este tema a 10 países de Sudamérica como: Uruguay (35%), Bolivia ( 31,90%), Colombia (31%), Perú (29,80%), Argentina (27,60%), Paraguay ( 25%), Venezuela (23%), Chile (20,70%) y Brasil (10,10%).

La encuesta fue realizada a población urbana y rural mayor de 18 años en 28 países, incluidos Canadá y Estados Unidos. Se entrevistaron a 49 mil personas y en el caso ecuatoriano, a 1.512 personas.

Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, señaló que el informe es compatible con la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2016, sobre confianza en la justicia, donde obtuvo un 51,6%.

Las autoridades de la Mesa de Justicia también anunciaron que insistirán a la Asamblea Nacional para que que analice las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en cuanto a los procedimientos directo y abreviado. “Hemos planteado que el procedimiento directo pueda convertirse en abreviado, si el acusado acepta su responsabilidad y repara el daño”, dijo el titular del CJ.

Asimismo, se considera que el procedimiento abreviado debe darse cuando el delito es sancionado con una pena máxima privativa de la libertad de hasta cinco años y no como es ahora para delitos sancionados con penas de hasta 10 años. El objetivo es establecer con claridad cuál es el beneficio de la rebaja de penas cuando una persona se acoge al procedimiento abreviado.

Las instituciones que integran la Mesa de Justicia, junto con la Gobernación del Guayas, realizarán una auditoría de gestión a los delitos flagrantes que terminaron en ratificación de inocencia. En Guayas, en este año, el 67 % de delitos flagrantes terminó con sentencia condenatoria y el resto tuvo ratificación de inocencia.

La auditoría a la gestión de jueces y fiscales se realizará para saber qué pasó con los procesos que concluyeron con inocencias y de ser el caso tomar los correctivos necesarios.

Asimismo, el titular del CJ señaló que en Guayas existen 177 fiscales, pero se requieren al menos 90 más de manera urgente y, por ello, se realizará un concurso público de méritos para todo el país. (I)