El Tribunal Penal dirigido por el juez Luis Manosalvas dictaminó este viernes 8 de noviembre de 2019 la culpabilidad de los implicados en el caso de peculado denominado IESS.

Bolívar B., Fernando G., Henry M., Griselda G. y Marco E. fueron sentenciados con 3 años de prisión en calidad de autores del delito de peculado y 1 año de cárcel para María Sol L., por considerarla cómplice de la infracción, informó la Fiscalía del Estado.

La audiencia de juicio, que se instaló desde esta mañana en el Complejo Judicial Norte de Quito, trató el proceso por la presunta compra irregular de equipos oftalmológicos para las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Los abogados de los procesados presentaron durante la audiencia las pruebas testimoniales, documentales y periciales para tratar de desvirtuar las acusaciones en contra de los procesados.

La investigación de este caso inició a raíz de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, con base en un examen especial realizado al proceso de contratación efectuado por la comisión técnica de la planta central del IESS, relacionado con la compra, instalación y puesta en funcionamiento de equipos oftalmológicos para varias unidades del IESS, a escala nacional.

El proceso investigativo liderado por Fiscalía determinó que María Sol L. formuló la necesidad para la adquisición de los equipos sin que existiese un requerimiento por parte de los representantes de las unidades médicas a las que iban a ser destinados y sin contar con un estudio de mercado que sustentara el precio y el beneficio para el IESS.

Sin embargo, y aunque no contaba con la facultad legal para requerir equipos, esta acción no fue objetada por los directivos de la entidad.

La comisión técnica, durante la etapa precontractual, al momento de evaluar la adjudicación, no realizó los estudios adecuados de las propuestas presentadas, ya que no se tomó en cuenta otra oferta más económica, que también cumplía con los requisitos solicitados.

El perjuicio económico al Estado es superior a los cinco millones de dólares.

También se estableció que el proceso estaba direccionado a favor de una empresa. Además, que los equipos oftalmológicos estarían subutilizados debido a que no se cuenta con personal capacitado para su operación y que otros ni siquiera contaban con un espacio físico para ser instalados, razón por la cual permanecieron embodegados por mucho tiempo. (I)