Dentro del proceso judicial que investiga los presuntos aportes irregulares al oficialista movimiento Alianza PAIS conocido como ‘Arroz Verde’ se han receptado 48 versiones, 17 autorizaciones judiciales, 5 audiencias judiciales, 22 pericias y diligencias, y 168 requerimientos de información a igual número de instituciones.

Así resumió la fiscal del Estado, Diana Salazar, a las gestiones judiciales realizadas alrededor de este caso que investiga supuestos sobornos solo en el periodo del 2012 hasta el 2016 para el financiamiento de la campaña del referido movimiento.

Salazar compareció el lunes 8 de julio de 2019 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para explicar el avance de las investigaciones en este caso.

Los miembros de esa Comisión no descartaron la posibilidad de solicitar una nueva comparecencia de Salazar en el marco de los nuevos avances de este proceso legal.

La titular del Ministerio Público indicó que durante el periodo 2012-2016 funcionarios públicos, entre ellos Alexis M. y María de los Ángeles D., habrían recibido dinero de empresas privadas a través de otros funcionarios como Pamela M. y Laura T. para favorecerse de contratos con el Estado.

Agregó que existen más de 200 supuestas evidencias, que se encuentran en 18 cadenas de custodia, entre las que destacan agendas y cuadernos que manejaba Pamela M., que fueron encontrados en uno de sus inmuebles con supuestos apuntes, en los que se registran códigos, nombres de funcionarios públicos, otras personas y de empresas.

Añadió que también reposan sumas dinero en efectivo, computadoras y otros equipos incautados en instituciones públicas y las empresas investigadas, que estarían presuntamente relacionadas a los hechos.

En el caso de Pamela M. y Laura T. recalcó que se encuentran cumpliendo prisión preventiva desde mayo de 2019 y sobre ellas pesa la orden de retención de bienes y prohibición de enajenarlos por un monto de 350.000 y 150.000 dólares, respectivamente.

Respecto de María de los Ángeles D., exministra de Vivienda, la fiscal informó que se le dictaron medidas cautelares, como presentaciones periódicas, lunes y jueves, ante la Corte Nacional de Justicia, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico, entre otras.

Sobre Alexis M., exsecretario jurídico de la Presidencia, quien permanece bajo arresto domiciliario, se le dictaron medidas de incautación, retención y prohibición de enajenar bienes por el monto 3.5 millones de dólares.

“El hecho de que ciertas personas mencionadas en estas investigaciones no hayan sido vinculadas aún, no significa que no vayan a serlo”, puntualizó la fiscal.

El actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, no compareció a la cita de la Comisión de Fiscalización de ayer 8 de julio porque indicó estar de vacaciones. Según una comunicación que remitió al Parlamento dijo no tener nada que ver con aportes ilegales a las campañas de Alianza PAIS. (I)