El proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción entrará este miércoles al pleno de la Asamblea Nacional, previo informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Los asambleístas debatirán propuestas de reformas a cuerpos legales, presentadas por José Serrano, presidente del Legislativo; y los asambleístas Mariano Zambrano, Encarnación Duchi, Juan Cristóbal Lloret, Wilma Andrade y Marcelo Simbaña.

El cuerpo legal que más cambios recoge es el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los proponentes presentaron reformas referentes a las penas aplicables a los servidores públicos sentenciados por delitos contra la eficiente administración pública, así como modificaciones en la tipificación de algunas conductas penales.

En la aprobación del informe, Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión, explicó que el requisito de procedibilidad, es decir, el informe previo de la Contraloría, para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, no se requerirá en la fase de instrucción fiscal, sino en la audiencia preparatoria de juicio como fundamento de la acusación fiscal.

"Hoy el Fiscal General del Estado puede investigar, pero no formular cargos. De ser viable, la reforma podría formular cargos y solicitar una medida cautelar, como prohibición de salida del país, presentación cada 15 días ante el juzgador. Pero ciertamente, emitir un dictamen acusatorio requerirá un informe de la Contraloría", argumentó.

La propuesta fija la suspensión de derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años para sentenciados en casos de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, tráfico de influencias y testaferrismo. Los jueces de forma obligatoria aplicarán la sanción.

Tampoco podrán volver a ejercer cargo público de por vida aquellos sentenciados por tales delitos, a lo que se sumaría la inhabilitación para contratar con el Estado.

Según el proyecto, recogiendo la inquietud del Defensor Público, la medida cautelar de prisión preventiva se aplicará como último recurso.

Se establece, además, acompañamiento y asistencia jurídica a los ciudadanos que presenten denuncias por actos de corrupción. (I)