El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta noche -con 92 votos afirmativos, seis negativos, un blanco y 17 abstenciones- en segundo debate el proyecto de ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

La propuesta tiene por objeto regular la reparación en forma integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador que fueron documentadas por la Comisión de la Verdad; y, garantizar su judicialización.

Para ello, se establece que el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y reconoce que las víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y dignidad por lo que debe garantizarse el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos, a la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos.

Prevé que el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso documentados por la Comisión de la Verdad y reparará de manera integral a las personas que hayan sufrido vulneraciones y violaciones de los derechos humanos.

Se determina que la reparación integral buscará la solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus derechos al estado anterior a la comisión del daño e incluirá el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

La Procuraduría General del Estado reglamentará el procedimiento para los acuerdos reparatorios y tomar todas las medidas para su cumplimiento.

A través del cuerpo legal se crea el programa de reparación, por la vía administrativa, para las víctimas de violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, a cargo de la Defensoría del Pueblo. El programa de reparación tendrá por objeto implementar las medidas de reparación establecidas en esta ley.

Según el proyecto, son beneficiarios de las medidas individuales del programas de reparación por vía administrativa, las víctimas directas de las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y también sus cónyuges o parejas por unión de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad en los casos y condiciones determinados en esta ley .

Testimonios

La Comisión de la Verdad colgó en internet videos de los testimonios de personas que fueron torturadas por elementos del SIC en los años 80. En el siguiente trabajo audiovisual se conocen sobre tres casos: el de Rosa Mireya Cárdenas (exSecretaria Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana), quien fue detenida en agosto de 1984; el del excapitán de la Fuerza Aérea, Jhon Maldonado, aprehendido en 1987; ambos reconocieron que sus torturas se realizaron en el antiguo AEIN de Conocoto, actual Brigada de Inteligencia Militar. El último testimonio es el de Teresa Baquerizo, detenida el 17 de diciembre de 1986. Ella reconoció las instalaciones del actual cuartel Modelo de Guayaquil como el lugar en el que elementos del SIC la torturaron.

Video de La Comisión de la Verdad