Esta mañana, con 118 asambleístas presentes en la Asamblea Nacional se retomó el segundo debate de la Ley de Prevención de Drogas.

La propuesta fue presentada por la Comisión de Salud, presidida por el asambleísta Carlos Velasco.

Velasco señaló que en la normativa se debe diferenciar entre la tabla de consumo personal y la tabla de microtráfico que tiene 3 variables: pequeña, mediana y alta. "El primer planteamiento es qué tipo de sociedad creemos qué tenemos, hasta cuándo podemos cuestionar y qué podemos hacer con un problema que rebasa el ámbito personal", dijo.

Indicó que el 50% de los procesos de adicción a cualquier droga tiene una base genética. "Todos tenemos la posibilidad de entrar a ese proceso de la adicción", afirmó.

Por ello, argumentó que la tabla no puede ser la macrocondicionante para generar una adicción.

"En esta ley, la comisión habla de ciudadanos, no pacientes. Ciudadanos es el que piensa, critica, delibera y cuestiona. Por ello, que es un problema de salud pública", dijo.

Según el legislador, el nivel de acceso a la educación en nuestro país tiene los niveles más importantes de la región.

La normativa establece la obligación del Estado de elaborar políticas y ejecutar acciones concretas para prevenir el consumo de drogas. Estas políticas y acciones están destinadas a prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a consumidores ocasionales, habituales y problemáticos de drogas. Estos programas estarán enfocados en la atención prioritaria de mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Este tipo de intervención del Estado ecuatoriano mediante un nuevo modelo que asuma esta sensible problemática social requiere necesariamente de una nueva institucionalidad que logre formular adecuadamente una política pública destinada a formar ciudadanos sanos, libres y responsables, para que la sociedad, tanto individual como colectivamente, pueda combatir de manera efectiva tanto el consumo como el microtráfico de sustancias ilícitas. De esta manera, se prevé la creación de un Comité Interinstitucional y de la Secretaría Técnica de Drogas, ambas entidades adscritas a la Presidencia de la República.

Este Comité Interinstitucional tendrá la tarea de formular, coordinar y articular estrategias para combatir las drogas en el ámbito de la salud, la educación, la inclusión social, la seguridad interna y la justicia. Estará conformado por representantes de los Ministerios encargados de los temas vinculados a los sectores mencionados; deberá evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la Secretaría Técnica de Drogas.

La Secretaría, por su parte, tendrá la responsabilidad de asesorar y dar seguimiento a las políticas del Comité y regular y controlar la producción, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y uso de drogas.

El objetivo de la reforma es combatir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas a través de una legislación que garantice la prisión preventiva del traficante, que asegure su presencia en los procesos levantados en su contra y que cumpla efectivamente la pena impuesta por estos delitos.

Para ello se modifica el tiempo de privación de la libertad establecido en la ley vigente: es decir, los casos de penas privativas de la libertad de dos a seis meses se corrigen por penas que van desde uno a tres años y, para los casos de prisión entre uno y tres años, la sanción se endurece con penas de tres a cinco años. (I)