La situación legal del exministro de Electricidad, Alecksey M., quien junto con su tío político, Marcelo E., es procesado por el delito de lavado de activos dentro del caso de corrupción de Odebrecht, se complica debido a que el miércoles su abogado defensor, Franklin Arévalo, dijo que el millón de dólares que su cliente recibió de la constructora brasileña no es por coima o soborno, sino por un trabajo de consultoría que este realizó para la empresa cuando fue secretario de Estado.

Pese a que para el abogado no existe una normativa que impida a un funcionario público dar asesorías a nivel privado, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Servicio Público prohíbe el ‘pluriempleo’ y allí se aclara que ningún empleado estatal “desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto público, ya sea que ejerza una representación de elección popular o cualquier otra función pública”.

Además, precisa que se exceptúan de esta prohibición aquellos funcionarios que opten por dar cátedras en centros universitarios públicos o privados, siempre y cuando su actividad no interfiera con el ejercicio de su cargo público.

El abogado afirmó además que la consultoría no fue materia del proyecto que iba a ser contratado en la época en que su defendido ejercía el cargo de ministro.  

“No proporcionó información para que Odebrecht tuviera ventaja... No tenía forma de ninguna injerencia al no estar en su ámbito de competencia el concesionar o no el proyecto Toachi-Pilatón; entonces es insostenible que Odebrecht haya coimado o haya ejercido cohecho sobre Alecksey para que tuviera que conceder dicho proyecto”, aseveró.

Y precisó que su cliente no fue el único integrante del organismo técnico encargado de administrar el fondo de administración fiduciaria para la construcción del proyecto, porque también constaban el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, y el exministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga.

Exministro sin respaldo

Galo Chiriboga y Fausto Ortiz, así como el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, quien fue parte del proceso de adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, reaccionaron ayer y marcaron distancia con el exministro Alecksey M.

Los tres señalaron que no conocían que el exsecretario era consultor de Odebrecht, además cuestionaron el hecho y ratificaron que aquello no es permitido por la ley.

“Hay una prohibición expresa... imagínese usted, que un ministro, por ejemplo, como el de hidrocarburos, de consultor de una empresa vinculada al petróleo haga una consultoría al tema energético; eso generaría, evidentemente, un conflicto de intereses”, subrayó Chiriboga, al recordar que el trabajo del consultor es aconsejar a su cliente lo que tiene que hacer, pero lo peor sería que Alecksey M. tuviera información privilegiada.

“Sostengo que no se debió hacer esa consultoría siendo ministro, más bien para mí fue sorprendente”, manifestó, al señalar que justamente la justicia es la encargada de conocer cuál fue la participación del exministro en la adjudicación del contrato Toachi-Pilatón.

Sobre su participación en el organismo técnico encargado de administrar el fondo de administración fiduciaria para la construcción del proyecto, Chiriboga dijo que eso  manda la ley.

Asimismo, aclaró que nunca mantuvo contacto con ningún directivo de Odebrecht, sino hasta cuando fue Fiscal General, cargo en el que tuvo que investigar el caso y siempre estuvo acompañado de funcionarios, inclusive de la Procuraduría General del Estado.  

A su vez el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, manifestó que no se conocía que Alecksey M. siendo ministro hiciera una consultoría.

Respecto a su participación en el organismo técnico remarcó que, al igual que los otros integrantes, lo que hizo fue revisar algunos proyectos, aprobarlos o negarlos, sin que en algún momento haya tenido contacto con los contratistas.  

Sobre la actuación del exministro ahora procesado aseguró no haber visto “algo que llamase la atención”, pero será la justicia la que determine lo que sucedió a través de las investigaciones de los hechos. (I)

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Zambrano aclaró renta de suite del excontralor Pólit

El legislador de Alianza PAIS por Manabí, Mariano Zambrano Vera, indicó que rentó una suite el 14 de mayo pasado, perteneciente al excontralor Carlos Pólit, porque se encuentra cerca del edificio de la Asamblea Nacional, donde trabaja.

Por este motivo, el 2 de junio, durante el allanamiento al lugar efectuado por la Fiscalía dentro de la investigación sobre coimas en el caso Odebrecht, solo halló pertenencias de Zambrano, quien tenía un par de semanas ocupando la propiedad.

Los agentes comprobaron que en el sitio, entre otras cosas, había una caja fuerte, dinero y un reloj marca Rolex. Los bienes fueron declarados en custodia judicial.

El asambleísta señaló que no tiene ningún otro vínculo con el excontralor y suscribió una declaración juramentada para colaborar con la justicia. Además, entregó las llaves de la suite mediante escrito notarizado. “Nunca pasó por mi mente que algo así podía suceder”, resaltó ayer.

Explicó que los bienes que se encontraron en la suite como ropa y otros enseres son suyos y espera recuperarlos una vez que la Fiscalía se lo permita.

El legislador rechazó las insinuaciones que han circulado, especialmente en redes sociales, “que se amplificaron por la publicación tendenciosa de un periódico”, sobre el alquiler de la suite, “pero nunca se dijo en el artículo que yo era un simple arrendatario y nada más”.

Zambrano espera que no se afecte su buen nombre por un hecho totalmente fortuito. (I)

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“El proyecto hidroeléctrico no tuvo sobreprecio”

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, aseguró ayer que ni él ni el gerente de Hidrotoapi (ejecutora de la obra), Byron Granda, son sujetos procesales en el proceso de investigación por el presunto millón de dólares que habría recibido el exministro de Electricidad, Alecksey M., por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Reveló que la Fiscalía ya los convocó a él y a Granda a rendir una declaración en el caso y les comunicó que no eran sujetos procesales. “No estamos dentro del proceso y cumplimos con este deber. No somos sujetos procesales y fuimos llamados por una ocasión”.

En rueda de prensa aseguró que en la obra no hubo sobreprecio ni tuvo presión alguna  para que se asignase a Odebrecht la obra. “No tenemos que esconder nada... no tengo ninguna responsabilidad política porque no hubo mala utilización de recursos”, aseveró.

Baroja admitió que fue el directorio de Hidrotoapi, del cual era su presidente, el que adjudicó la obra a la constructora Odebrecht, pero que la decisión fue del Gobierno a través del exministro de Electricidad, Alecksey M.

“La relación que tuvo la empresa pública de Hidrotoapi con el exministro Alecksey M. fue por el ‘financiamiento’ de la hidroeléctrica”, y explicó que Hidrotoapi fue constituida en la administración de Ramiro González.

En su exposición recordó que luego de la aprobación del financiamiento, en 2007, se le entregó un anticipo del 30% del contrato a la compañía y después se presentó el problema con San Francisco.

Odebrecht había recibido el adelanto de $ 113 millones, pero devolvió $ 98 millones y el Consejo se quedó con la maquinaria de la empresa, es decir no hubo pérdida cuando la constructora fue expulsada del país, aseguró.

Sobre este caso, en mayo pasado se hizo público un documento de la justicia brasileña en donde dos delatores de Odebrecht admiten que pagaron $ 1 millón a un “representante del Ministerio de Energía” por el proyecto relacionado con Toachi-Pilatón. (I)