Los 4 hermanos que le sobreviven a Arturo Jarrín, quien según el proceso instaurado por la Fiscalía habría sido ejecutado extrajudicialmente por elementos policiales en octubre de 1986 durante el gobierno del socialcristiano León Febres Cordero, presentaron la tarde del miércoles la acusación particular en contra de las 17 personas sindicadas en la muerte del que fuera dirigente del grupo Alfaro Vive Carajo.

En abril de este año se judicializó el caso, luego de que la Fiscalía determinó que Jarrín fue supuestamente detenido en Panamá el 24 de octubre de 1986 y enviado a Ecuador ese mismo día, al llegar al país fue conducido al cuartel policial de la remonta al sur de Quito, pero el 26 de octubre su cuerpo apareció baleado en el sector de Carcelén al norte de la ciudad.

En aquella ocasión las autoridades policiales señalaron que hubo un enfrentamiento con una patrulla policial, lo que degeneró en la muerte de Jarrín

En este caso, que al momento se encuentra en etapa de instrucción fiscal, fue implicado el expresidente de Panamá,  Manuel Noriega, además de 15 policías entre ellos 2 excomandantes y 2 civiles que trabajaron en el Ministerio de Gobierno en el tiempo de Febres Cordero.

Edwin Jarrín acudió junto a sus hermanos Beatriz, Alexandra y Rodrigo a la Corte Nacional de Justicia, para reconocer la firmas y que se los añada al proceso que sigue la Fiscalía como acusadores particulares, “de esta manera seguiremos impulsando el juicio para que las personas culpables de la muerte de Arturo sean sancionados”.

Jarrín también se refirió a la carta que envió la semana pasada a la precandidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, a propósito de la visita que hizo a Venezuela hace pocos días para solidarizarse con supuestas víctimas de violación a los Derechos Humanos.

En este sentido Jarrín escribió la misiva donde le propuso que también dé su opinión sobre el caso de su hermano y que no se quede en al impunidad, “pero el silencio ha sido absoluto y su respuesta fue bloquearme en las rede sociales”.

También refutó las opiniones hechas por el exjefe del Comando Conjunto, Ernesto González, en medios de comunicación, referidas a que las tensiones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas empezaron en el 2008 cuando se creó la Comisión de la Verdad para investigar supuestos casos de violación a derechos humanos y que respondía a influencias de exsubversivos que ahora están colaborando con el gobierno y solo buscan revancha.

“Le dijimos al general González, en un comunicado firmado por mas de 150 víctimas y familiares que sufrieron violaciones de sus derechos humanos, que una minoría de militares en el Ecuador utilizó tratos degradantes, crueles y cometió crímenes de lesa humanidad en un gobierno como el de Febres Cordero que instrumentalizó la represión, no deberían ser respaldados por una gran institución como las Fuerzas Armadas”. (I)