Julio Arrieta, juez de la Corte Provincial de Pichincha, anunciará el 12 de julio si acepta o no el pedido de nulidad del proceso que se sigue en contra del exconcejal de Quito, Eddy S. por supuestas irregularidades en la entrega de autorizaciones a transportistas.

Este martes 9 de julio de 2019 se inició la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra del exfuncionario por presunta asociación ilícita. En el caso también están señaladas otras ocho personas.

En la primera parte de la diligencia, los abogados de los sindicados señalaron que hubo una serie de irregularidades en la instrucción fiscal que investigó -desde abril de 2018- un presunto cobro de dineros a transportistas para agilitar permisos.

Pablo Encalada, abogado del exedil, solicitó al juez la nulidad del proceso por supuestos vicios del caso. El abogado recordó que nueve fiscales investigaron la causa y que la audiencia de juicio se cumple 16 meses después de que culminó la instrucción fiscal.

También señaló la violación del derecho a la defensa en contra de su cliente, ya que en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, configuró el delito de asociación ilícita, pero el Juzgado de Garantías Penales formuló otros tres delitos: tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento privado no justificado.

Similar criterio advirtió Emiliano Donoso, abogado de César M., otro de los procesados, quien reiteró que el juzgado tipificó cargos que la Fiscalía no había señalado.

En esa línea Encalada dijo que en la causa no se ha aplicado el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal, que menciona que cuando a una persona le son atribuibles varios delitos, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que exceda los 40 años.

Encalada añadió que Fiscalía indicó que hay un perjuicio de $ 80 millones para la legalización del taxismo informal, pero no se ha comprobado la existencia de esos valores. (I)