Después de alrededor de doce meses de que entrara en vigencia (14 de junio de 2011) el Plan de los “Más Buscados”, la cantidad de delincuentes capturados ha llegado a 97 en el país. 

Así lo revela un informe de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, que detalla los resultados obtenidos a nivel  nacional y provincial. Guayas, Manabí y Pichincha son las provincias en las que hubo más aprehensiones, con un total de 48.

Las capturas de peligrosos delincuentes han dado paso a que casos pendientes -por años- en el sector justicia sean cerrados hasta en menos de siete meses.

Una de las últimas resoluciones judiciales se emitió el pasado jueves, luego del que el Quinto Tribunal de Garantías Penales declarara culpable a Ramón Darío Mandich Ruiz (más buscado a nivel nacional) por el asalto a mano armada  reportado -el 2 de mayo de 2011- en la urbanización Rinconada del Lago.

Su juzgamiento reportó imprevistos en horas de la mañana debido a que la Policía no trasladó al procesado desde la cárcel conocida como “La Roca” hasta la Corte de Justicia del Guayas.

No obstante, por orden de la presidenta del Tribunal, Dora Vargas, se dictó una nueva providencia para que se convocara, en horas de la tarde, a la misma audiencia y así garantizar la comparecencia del implicado a juicio. Y así fue.

A las 14:00 se retomó la diligencia que permitió determinar la participación de Mandich en ese delito. “En los próximos se notificará a las partes los años de pena impuestos por el tribunal”, dijo la funcionaria judicial.

Otro caso en el que se evidenció un juzgamiento oportuno fue el de “Los Choneros”. El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí declaró culpables a nueve integrantes de la banda por delito de asesinato de Jairón Carreño Mendoza, ocurrido en mayo de 2011.

Al conocer la resolución, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, enfatizó la confianza que la ciudadanía recobra con el accionar de los operadores de justicia para evitar que los delitos queden en la impunidad.

En entrevista con El Telégrafo, el defensor Público General, Ernesto Pazmiño, destacó que en la actualidad en el sector justicia hay la preocupación de no dejar dilatar los casos con el fin de evitar la caducidad de la prisión preventiva.